ASPE considera inviable la implementación de ratios mínimos aprobada por el Congreso

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha expresado su preocupación tras la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados de la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que plantea la implementación de ratios mínimos de enfermería en el sistema sanitario. Según Carlos Rus, presidente de ASPE, esta medida no es viable en el contexto actual del sector, tanto público como privado, debido a la escasez generalizada de personal sanitario. 

Rus señaló que, en algunos territorios con baja densidad de población, la aplicación de esta normativa requeriría un incremento del 800% en el número de profesionales de enfermería, algo que considera inalcanzable. “Esta medida no tiene en cuenta la realidad de la escasez de personal, que afecta por igual a la sanidad pública y privada”, explicó. 

ASPE subraya que el enfoque exclusivo en la relación pacientes/enfermeros no es adecuado y que deberían incluirse otros criterios en la gestión asistencial. Además, destaca la relevancia de perfiles profesionales como los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), cuya labor es fundamental en el cuidado de los pacientes. “Ignorar su contribución implica una visión incompleta de la realidad asistencial”, añadió Rus. 

Asimismo, la patronal cuestiona la falta de consideración hacia las particularidades de los centros sanitarios, especialmente en zonas rurales, donde ya existen dificultades para cubrir las plantillas actuales. Según Rus, “imponer ratios uniformes sin contemplar las diferencias estructurales y de recursos de cada territorio es un obstáculo para la sostenibilidad de estos centros”. 

Competencias autonómicas y financiación, otros puntos críticos 

Otro de los aspectos que preocupa a ASPE es el conflicto competencial que esta Ley podría generar con las Comunidades Autónomas, responsables de la organización de los recursos sanitarios. “Las regulaciones autonómicas ya establecen ratios de personal, por lo que imponer una normativa estatal genera una carga administrativa adicional y una posible intromisión en competencias transferidas”, destacó Rus. 

Finalmente, ASPE criticó la ausencia de una memoria económica que respalde la proposición de ley, advirtiendo que, sin una dotación presupuestaria adecuada, la sostenibilidad del sistema podría verse comprometida. Según la patronal, los costes derivados de esta normativa serían insostenibles para las empresas sanitarias, lo que podría derivar en el cierre de centros y una mayor precarización de la atención sanitaria. 

La Alianza reitera su disposición a buscar soluciones conjuntas a la falta de personal sanitario, pero insiste en que la propuesta actual no es la vía adecuada para abordar esta problemática estructural. 

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