Las agresiones a sanitarios aumentan un 16% en 2024 superando las 17.000

Las agresiones a profesionales sanitarios crecieron en 2024 un 16%, alcanzando 17.070 situaciones de violencia, tanto física como verbal en España, según los datos del Informe de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud 2024. Con este año, ya son cuatro consecutivos en los que se disparan este tipo de actuaciones, algo que preocupa gravemente al sector.

Respecto al pasado 2023, las situaciones de violencia en 2024 aumentaron en 2.364 casos, lo que las dispara hasta las 24,61 por cada 1.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, los expertos advierten que esta crecida puede deberse, en cierta medida, a la mayor concienciación de los sanitarios, así como un mayor índice de denuncias ante dichas agresiones.

En el informe han participado las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), que han sido los encargados de recoger y remitir desde enero a marzo de 2025 las notificaciones de agresiones a profesionales del ámbito de la salud ocurridas en 2024. Por su parte, la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección del SNS se ha encargado de realizar el análisis y redactar el informe, cuyo objetivo es “ofrecer información a nivel nacional para evaluar la situación y adoptar medidas efectivas y eficientes que mitiguen o erradiquen el problema”, según explica el propio documento.

Las mujeres, las más agredidas

El informe también recoge los perfiles sanitarios que más han sufrido este tipo de situaciones, así como los ámbitos asistenciales. Por sexo, un 78% de las agresiones se han perpetrado contra mujeres, aunque hay que tener en cuenta que estas constituyen el 76 % del colectivo. Y, en cuanto a la edad, el 48% tienen entre 35 y 55 años y un 30% son menores de 35.

Además, el ámbito de la Atención Primaria y extrahospitalario es el más castigado ya que las agresiones en este nivel asistencial, 46,43 por cada 1.000 profesionales, triplican a las contabilizadas en Atención Hospitalaria, que simbolizan un 15,31. El personal facultativo (33%) y el de Enfermería (29%) son los que reportan un mayor porcentaje.

Por tipos de denuncia, un 84% son interpuestas por insultos o amenazas, aunque es destacable que las agresiones físicas alcanzan los 2.946 casos. De hecho, el informe considera que “es probable” que “todavía existan numerosos incidentes violentos que no son comunicados”. Y, en cuanto a los motivos, la atención percibida por el usuario copa el 32% de las agresiones, seguida de las causas ajenas a la organización o a la asistencia prestada y las relacionadas con el propio acto sanitario o administrativo realizado.

Finalmente, el documento recoge el perfil del agresor más común: un 57% son hombres, frente a un 43% de mujeres. Además, en la gran mayoría de los casos suele ser el propio paciente o, en su defecto, un familiar de este.

Preocupación en el sector

Ante esta situación, ya son decenas de Colegios Oficiales y asociaciones sanitarias las que han mostrado su preocupación. De hecho, cada vez es más común la creación de cursos formativos frente a las conductas violentas como el que desarrolló el pasado mes la Comunidad de Madrid para formar a más de 700 profesionales de Atención Primaria en coordinación con Seguridad Corporativa del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

Otra de las medidas recientes para luchar contra las agresiones a facultativos ha llegado de la mano del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos (CGCOP), que ha puesto en marcha por primera vez en España un registro oficial de agresiones a profesionales de la podología, con el objetivo de visibilizar la violencia que sufren en el ejercicio de su labor sanitaria, así como de impulsar políticas públicas efectivas para su prevención.

"Los profesionales sanitarios, y también los de la podología, somos el principal activo de nuestro sistema de salud, público o privado, y sin embargo seguimos siendo víctimas de agresiones que en muchos casos ni siquiera se denuncian", afirma la presidenta del CGCOP, Elena Carrascosa. "Para poder evaluar la situación real y adoptar medidas eficaces, necesitamos registros que reflejen la magnitud del problema con datos reales. Por eso pedimos la implicación de todos los colegios y profesionales", insiste. 

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