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Madrid denuncia "opacidad" por parte del Ministerio de Sanidad en la elección de los centros del cáncer europeos

De los ocho hospitales presentados por Madrid, que cubren el 40% de los pacientes oncológicos de toda España, Sanidad solo ha incluido a La Paz

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Madrid denuncia "opacidad" por parte del Ministerio de Sanidad en la elección de los centros del cáncer europeos
Fátima Matute tomando posesión de su cargo como consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Por Nuria Cordón

29 de enero de 2024

El pasado mes de noviembre, el Ministerio de Sanidad, a través del Comité Institucional de Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, organizó un encuentro para explicar a las comunidades autónomas los programas con fondos de la Unión Europea adscritos al plan de la lucha contra el cáncer. De acuerdo con la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, aquel encuentro se centró básicamente en abordar “craNE2 (2024-2027)”, un programa europeo cuyo objetivo es que todos los países tengan adscritos centros europeos de referencia y tratamiento en la lucha contra el cáncer, lo que la Unión Europea ha denominado Comprehensive Cancer Centers (CCC).

En aquella reunión, según ha confirmado a Telemadrid Fátima Matute, consejera de Sanidad de la región madrileña, el ministerio dio a las comunidades un plazo de 15 días para que enviasen el listado de hospitales que optaban a ser uno de esos centros de referencia contra el cáncer, algo que, según Matute, la Comunidad de Madrid hizo “en tiempo y forma”. Los centros presentados por la consejería fueron el 12 de octubre, Ramón y Cajal, La Paz, Puerta de Hierro, Clínico San Carlos, La Princesa, Gregorio Marañón, la Fundación Jiménez Díaz, e incluyó, además, el Niño Jesús por sus especiales características. 

Tan solo dos días después de cerrar ese proceso, Sanidad comunicó el listado de los hospitales admitidos como CCC, dejando fuera a todos los centros madrileños, excepto a La Paz. Según Matute, uno de los criterios de Europa es que los centros elegidos sean capaces de atender al 90% de la población, siendo “imposible que España cumpla este criterio cuando el 35-40% de los casos de cáncer que se tratan en nuestro país se abordan en la Comunidad de Madrid”. Para la consejera madrileña, la medida adoptada por el Gobierno central, a través del Ministerio de Sanidad, es un gesto “opaco, arbitrario, precipitado y que no pondera criterios científico-técnicos”. Es decir, prima la “deslocalización geográfica frente a la excelencia científica”. Según Matute, todos los hospitales públicos presentados por su consejería “atesoran eficiencia, excelencia, trabajo multifactorial y multiprofesional, gobernanza en red (propuesta de CCCNs), además de investigación y traslación científica. Todas estas características son requeridas por la Comisión Europea y todos cuentan con ellas”. 

Malestar de los oncólogos 

Según publica el diario La Razón, el pasado 15 de enero, el Ministerio de Sanidad recibió una carta firmada por 30 jefes de servicio de Oncología de los principales centros de referencia del territorio nacional mostrando su “profunda preocupación” por la gestión y selección de los futuros Cancer Comprehensive Centers. Dicha carta, a la que según el propio diario ha tenido acceso, aún no ha obtenido respuesta y manifiesta dos aspectos críticos que merecen ser abordados. El primero, según La Razón, la transparencia: “La ausencia de criterios de selección públicamente conocidos genera incertidumbre y desconfianza en el proceso. La no publicación en la resolución de la puntuación obtenida dificulta la comprensión de los resultados. Asimismo, la inexistencia de un procedimiento de alegaciones limita la posibilidad de aportar pruebas y argumentos que permitan modificar posibles errores», dicen textualmente. El segundo asunto es la falta de rigor en el proceso. “La ejecución del proceso de selección en un solo día suscita serias dudas sobre la exhaustividad y objetividad del mismo. La ausencia de un proceso de evaluación externa para evitar los conflictos de interés resulta inaceptable”. 

De acuerdo con la consejería madrileña, el Gobierno central “no explica quién evalúa ni los criterios adoptados”. 



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