Casi la mitad de los empleados públicos consume psicofármacos, según CSIF

España se sitúa entre los países europeos con un mayor índice de consumo de psicofármacos. Una realidad a la que no es ajena el sector público y que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha tratado de cuantificar en un estudio entre los empleados de este sector. La conclusión más llamativa que arroja esta encuesta es que en torno a un 46% de los trabajadores del sector público consumen prácticamente a diario fármacos psicoactivos (ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, entre otros) para cuidar su salud mental.

El estudio, presentado con motivo de la Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, abarca una muestra de más de 6.300 profesionales de diferentes ámbitos de la administración pública.

El consumo diario de estos fármacos es casi generalizado, según el estudio de CSIF, en todos los ámbitos de la administración. El perfil mayoritario es el de una mujer de prácticamente todos los rangos de edad (entre los 35 y los 67 años), trabajadora de la sanidad pública, en la administración o en un centro educativo, que consume ansiolíticos para soportar la sobrecarga de trabajo, falta de reconocimiento, dificultad para conciliar, discriminación por motivos de salud, conflicto entre compañeros, acoso y la falta de desconexión digital.

Por sectores, los sanitarios (siendo los más representados en la muestra), son los que expresan una mayor disconformidad con su ambiente laboral y que con más frecuencia declaran que su trabajo les afecta negativamente a su salud mental. Son también los que encabezan el consumo de psicofármacos como remedio frente a estos problemas. 

El 60% necesita ayuda psicológica, pero solo la recibe poco más de la mitad

Casi ocho de cada diez (el 76%) empleados públicos reconocen abiertamente que su salud mental se resiente por las condiciones de trabajo, circunstancia principal que lleva al consumo de psicofármacos. En este sentido, los más consumidos son: ansiolíticos e hipnosedantes (71% de los que reconocen su uso), antidepresivos (12%) y otras sustancias (17%). En concreto, los motivos más mencionados son un exceso de la carga de trabajo, falta de desconexión digital, deficiente calidad de liderazgo, falta de apoyo, conflictos entre compañeros y estrés laboral. 

Además, el 60% reconoce que necesita ayuda psicológica, pero solo la obtienen poco más de la mitad de ellos (38%), en la mayoría de los casos costeándosela por sus propios medios. 

Este dato evidencia la falta de apoyo de la Administración ya que la mayoría de los centros de trabajo no cuenta con medidas frente a riesgos psicosociales y apoyo psicológico, por lo que se incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por la falta de medidas de protección de los profesionales. 

Reclamaciones de CSIF

Frente a esta situación, desde CSIF reclaman al Gobierno que adopte una serie de medidas para cuidar la salud mental de los trabajadores públicos. En primer lugar, reclaman más presupuesto para aumentar las plantillas de profesionales de salud mental en la sanidad pública, así como aumentar las plazas de Medicina del Trabajo en la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada.

Por otro lado, reclaman desarrollar mecanismos de coordinación interdisciplinar entre los servicios de atención primaria, salud mental, mutuas y servicios de prevención para ofrecer en una red de apoyo. Además, solicitan un reconocimiento del burnout como enfermedad profesional y el reconocimiento efectivo de los trastornos de salud mental como causa de accidente laboral. Por último, señalan la necesidad de realizar campañas y acciones de sensibilización entre los empleados públicos, además de ofertar programas de acompañamiento psicológico gratuitos.  

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