Tomás Merina: "La Consejería de Presidencia debería tomar cartas en el asunto ante las presuntas ilegalidades que se están cometiendo en la Junta Directiva del ICOMEM"

"Aunque el Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) tiene una dependencia funcional con respecto a la Consejería de Sanidad, la institución que vela por la legalidad es la Consejería de Presidencia. Y es esta la que debería de tomar cartas en el asunto ante las presuntas ilegalidades que se están cometiendo en la Junta Directiva actual del ICOMEM". Así de contundente se ha mostrado Tomás Merina, presidente electo de la entidad, en declaraciones a Medicina Responsable, tras poner una denuncia contra dicha directiva por la suspensión de la actividad de la Junta Electoral en pleno periodo de votaciones, algo que mantiene que es ilegal.

Justo hace un año, el pasado 16 de enero, la Comisión de Recursos Humanos del ICONEM anuló la proclamación de la candidatura de Merina, ganador en las elecciones con el 46,9% de los votos. Según fuentes cercanas a la institución, las razones de dicha decisión fueron que Tomás Merina Ortega no es médico en activo, por lo que Manuel Martínez-Sellés, en ese momento presidente del Icomem siguió ocupando la presidencia hasta hoy.

Además de llamar la atención de Presidencia, Merina ha explicado a Medicina Responsable que también debería investigar lo ocurrido la Consejería de Sanidad porque, de probarse que la Junta Electoral ha incurrido en el delito de prevaricación, sostiene que habrá consecuencias directas sobre los hospitales públicos de Madrid. "La pena es la inhabilitación y, en este caso, podría prorrogarse hasta los 9 años, por lo que cabe recordar que entre los implicados hay un director médico de un hospital público", explica.

Actualmente, la causa está siendo investigada por una jueza de Madrid y en el punto de mira, acusados de prevaricación, se encuentran Manuel Martínez-Sellés, el actual presidente del ICOMEM, y la Junta Directiva. Según informaciones de Europa Press, la jueza aprecia indicios suficientes para presumir la posible existencia de una infracción penal y ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid que remita testimonio del procedimiento ordinario 29/2025, al considerar que su contenido puede resultar relevante para el avance de la causa.

Sin embargo, la Junta Directiva del ICOMEM en un comunicado oficial ha explicado que, por el momento, "no se ha recibido la denuncia ni existe imputación formal contra miembro alguno" y que se ha enterado de la apertura de Diligencias Previas "solo por la información aparecida en la prensa". También en el mensaje formal ha destacado la actuación por la que se la imputa "respondió a una necesidad institucional justificada, tras la anulación de la proclamación de Tomás Merina como candidato electo, resuelta por la Comisión de Recursos del propio Colegio". Algo que, por supuesto, no sostiene Merina, a quien ha entrevistado Medicina Responsable este 16 de enero.

¿Cómo se enteró del presunto delito?

En una de las ocasiones que me dirigí al presidente de la Junta Electoral, este me dijo que había sido cesado por la Junta Directiva, por lo que solicité el informe de cese y no me lo quisieron dar. Tuve que acudir a Trasparencia para que me hiciera llegar el acuerdo de la Junta Directiva. 

Ese acuerdo es palmariamente ilegal porque los estatutos no le dan esa capacidad a la Junta Directiva y yo se lo dije verbalmente a la asesoría legal del colegio, pero me dijeron que estaba equivocado. Así que fui a los tribunales porque entiendo que es una actuación arbitraria. Saben que no tienen capacidad para ello, y aun así lo han hecho.  

La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid ha cesado a la Junta Electoral, que es una institución que tiene que figurar por ley en los colegios profesionales, se genera en el momento en el que se convocan elecciones y finaliza su gestión en el momento en el que toma posesión el nuevo presidente. Durante ese tiempo, no se puede cesar. Y ellos lo sabían.

Ahora una jueza investiga la causa por prevaricación.

Sí, el delito de prevaricación en el que pueden haber incurrido presuntamente es un delito que tiene una pena de inhabilitación porque tenían esa confianza del Colegio y la han traicionado. Han tomado decisiones arbitrarias en virtud de unas facultades que les ha entregado el Colegio con un beneficio para ellos. 

La pena que se le impone es la habilitación, que puede prolongarse hasta los nueve años y que, en este caso, podría afectar a los trabajos en los hospitales, porque uno de los integrantes del equipo es el director médico de un centro público.

¿Con qué motivación considera que está actuando la Junta Directiva?

Están dilatando de forma intencionada mi toma de posesión para resolver los problemas que tenían pendientes de antes. Pero no solo la están dilatando, es que están tomando decisiones que los jueces entienden que pueden representar un ilícito penal. 

La única posibilidad que me han dejado es acudir a la vía penal. El resto, me las han impedido entre la asesoría jurídica de ICOMEM y la Junta Directiva, me han impedido poder participar en el derecho de una candidatura.  

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