
Por Clara Arrabal
11 de marzo de 2026La Audiencia Nacional estudiará el recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto la Asociación Profesional de Oftalmólogos (APOE) alegando que se ha invadido, presuntamente, las competencias del colectivo por parte de los ópticos en el marco del desarrollo del Plan Veo. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Sanidad, otorga 100 euros de ayuda para la adquisición de gafas o lentillas de niños de hasta 16 años y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.
"Nuestra asociación ha mostrado su profunda preocupación dado que dicho plan habilita de facto a los ópticos-optometristas para la valoración y graduación de menores sin la necesaria intervención de un facultativo médico", se ha pronunciado en un comunicado APOE, tachándolo como una "flagrante vulneración" de la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS).
Ante esto, la entidad "solicitó las aclaraciones pertinentes" a la Administración, "en plazo y con acuse de recibo", sin obtener respuesta; por lo que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el que solicita la impugnación de los apartados que contravienen el ordenamiento jurídico vigente. Medida que ya está siendo estudiada.
"Nuestra acción a nivel jurídico es fundamental para frenar esta deriva administrativa que pretende sustituir el acto médico por criterios comerciales, con el riesgo que supone para la población infantil, eludiendo la responsabilidad patrimonial estatal en caso de diagnósticos omitidos en estos menores", explica APOE, quien también aclara que, "dada la relevancia del conflicto", ha solicitado el apoyo de la Organización Médica Colegial (OMC) y de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO).
Desde la asociación, muestran su inquietud ante esta medida que considera "un gravísimo riesgo para la seguridad clínica de la población infantil y un precedente de intrusismo profesional amparado por la Administración".
Además, han reconocido que "desde instancias ministeriales se han mostrado interesados en concertar una reunión para abordar la cuestión", a lo que la propia APOE tiende la mano, "siempre con las líneas rojas de la defensa de la salud de nuestros pacientes, así como de nuestra profesión".
El pasado mes de diciembre, la Sociedad Española de Oftalmología (SEO), la Sociedad Española de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica (SEEOP), la Sociedad Española de Contactología (SEC) y la Sociedad Española de OftalmoPediatría (SEDOP) se pronunciaron en los mismos términos, considerando que el Plan Veo presenta deficiencias relevantes desde el punto de vista clínico y de la seguridad del paciente. De hecho, todas ellas mostraron su oposición a la forma de acceso al plan, al permitir que la prescripción de gafas pueda ser realizada por optometristas, incluso desde las ópticas, "sin una evaluación médica oftalmológica previa ni refracción bajo cicloplejia".
"Esta circunstancia además de poner en riesgo la salud del niño infringe el ordenamiento jurídico por intrusismo profesional, lo que resulta especialmente preocupante en la población pediátrica al no ajustarse a la evidencia científica ni a los criterios de buena práctica clínica", señalaban las entidades en un comunicado.
Además, recordaban que los oftalmólogos son los profesionlaes con "los conocimientos y las competencias" para llevar a cabo las exploraciones de los órganos de la visión en la población general, y por lo tanto, "los principales responsables y garantes del cuidado y promoción de la salud visual"; mientras que los ópticos-optometristas no tienene capaciación profesional ni responsabilidad de efectuar diagnósticos, prescribir o aplicar tratamientos.
Cabe recordar, en este sentido, que estas entidades también solicitaron al Ministerio de Sanidad una modificación del procedimiento de acceso al Plan Veo con el objetivo de que sea únicamente el médico oftalmólogo el profesional que pueda prescribir las ayudas visuales a los menores.
El Plan VEO es un sistema de ayudas de hasta 100 euros por persona al año para la adquisición de gafas o lentes de contacto (lentillas). En el caso de las lentillas, se contempla que la ayuda pueda cubrir las unidades y el líquido necesarios para un año. Si el coste del producto es inferior a esa cifra, la familia no tendrá que pagar nada. Si el coste es superior, la familia deberá abonar la diferencia.
Contó con una financiación de 47.775.000 euros, distribuida en dos ejercicios presupuestarios. Así, para el año 2025 se asigna una dotación inicial de 1.000.000 euros y, para 2026, de 46.775.000 euros. Además, las personas beneficiarias o sus tutores legales podrán acceder a ella a través de entidades adheridas, principalmente ópticas, que aplicarán el descuento en el momento de la compra y gestionarán el reembolso por los productos dispensados junto con la entidad colaboradora.
“Se trata de una medida universal porque creemos que ver bien no puede depender del bolsillo de cada familia, como tampoco lo hace para el acceso a una vacuna, al tratamiento en un hospital u otro a los que tienen acceso todos los ciudadanos de nuestro país”, manifestaba Mónica García, titular de Sanidad.