La CNMC cuestiona la colegiación médica obligatoria

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido que se defina por ley qué profesiones deben tener colegiación obligatoria. Así lo indica en su informe sobre el proyecto de real decreto que aprueba los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial (OMC) y los Estatutos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (IPN/CNMC/001/26), a solicitud del Ministerio de Sanidad. La norma tiene como objetivo unificar y actualizar en un único texto ambos estatutos, adaptándolos a la normativa reciente en materia de servicios y colegios profesionales.

De este modo, la CNMC aconseja que, para garantizar el cumplimiento de la colegiación obligatoria, se utilicen mecanismos menos intrusivos que la colegiación de oficio. En caso de mantenerse, debe respetarse el derecho del profesional a decidir sobre la continuación o el cese en el ejercicio de la profesión. En cuanto a la vinculación territorial, recuerda que no se puede vincular el Colegio con el domicilio profesional más allá de la primera incorporación, sin perjuicio de la gestión de los registros de colegiados.

Respecto a la competencia, aconseja incluir expresamente que toda actuación de los órganos colegiales debe respetar los límites de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y los principios de buena regulación y proporcionalidad establecidos en el Real Decreto 472/2021.Por otra parte, el organismo recomienda adaptar los certificados médicos al entorno digital, favoreciendo la firma electrónica y los sistemas de verificación, y evitar su vinculación exclusiva a soportes colegiales.

Adaptar los certificados médicos al entorno digital

Además, propone priorizar mecanismos de autenticación profesional basados en firma electrónica y en sistemas públicos de verificación de habilitación, en particular el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), una vez alcancen un grado suficiente de actualización y fiabilidad.

A cerca de la receta electrónica, propone establecer procedimientos de homologación con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, y con plazos de resolución razonables. Además, recomienda justificar la exigencia de recertificación periódica y su duración. Así, como implementar salvaguardas que eviten el intercambio de información comercial sensible y garanticen el cumplimiento de la normativa de defensa de la competencia.

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