La AESTE pide a las comunidades autónomas más compromiso con los profesionales de los cuidados

Después de conocerse que este año el Estado elevará su aportación al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia hasta 5.513 millones de euros, un 47% más que en 2025, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha reclamado a las comunidades autónomas una revisión de las tarifas públicas y el refuerzo de las prestaciones vinculadas al servicio.

“Este incremento representa una gran oportunidad para que garanticen la sostenibilidad de la atención. Ampliar el número de personas atendidas no es suficiente si las tarifas de concierto y contratos de prestación de servicios no cubren los costes, y las plantillas trabajan al límite. Así, los nuevos recursos deben mejorar la cobertura de atención, pero también garantizar la calidad y la sostenibilidad de los servicios. El margen para hacerlo existe”, han explicado desde la entidad.

La petición llega en plena negociación del convenio colectivo estatal del sector y en un contexto de grave déficit de profesionales. Según el propio Ministerio de Derechos Sociales, harán falta entre 261.400 y 639.400 profesionales adicionales de aquí a 2030 para sostener el sistema de cuidados.

AESTE tiene como objetivo impulsar un mayor reconocimiento del valor del trabajo que realiza este colectivo, mejorando sus condiciones laborales y salariales. “Hacerlo de manera responsable y sostenible exige tarifas públicas acordes al coste real de los servicios. Sin el compromiso de las comunidades autónomas no será posible firmar un convenio a la altura del trabajo que realizan los profesionales de los cuidados”, han manifestado. 

La asociación ha insistido en que cada comunidad autónoma debe definir el modelo de atención que quiere ofrecer durante los próximos años. “Cada nueva exigencia de calidad, de personalización de la atención, de digitalización o de adaptación de los centros lleva aparejados unos costes que deben reconocerse económicamente. Las diferencias entre territorios siguen siendo amplias y, en algunos, las tarifas públicas quedan lejos del coste real de prestar los servicios residenciales, de centro de día, de atención domiciliaria o teleasistencia con los niveles de calidad y de profesionalización requeridos”, han añadido desde AESTE.

La entidad ha señalado que la Ley de Contratos del Sector Público y la normativa de desindexación dificultan trasladar a los contratos públicos los incrementos de costes sobrevenidos. “El 17,6% de las licitaciones del sector quedan desiertas porque muchos operadores no pueden asumir el riesgo de prestar servicios a pérdidas”, ha indicado. Ante ello, AESTE insta a las comunidades autónomas a aprovechar el momento para revisar al alza las tarifas de las plazas concertadas y los servicios contratados garantizando su correlación con los costes reales de los servicios y con los estándares de calidad exigidos, incorporar mecanismos periódicos y objetivos de actualización de precios, elevar las cuantías de las prestaciones económicas vinculadas al servicio y garantizar una financiación suficiente que permita mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

“Nada de ello será posible sin una colaboración público-privada sólida, imprescindible para absorber el crecimiento de la demanda y sostener una red suficiente de servicios. Las empresas del sector aportan capacidad asistencial, inversión, innovación, empleo y presencia en el territorio, y necesitan a su vez un marco económico estable para seguir haciéndolo. Invertir en cuidados es, además, rentable para el conjunto de la sociedad, ya que cada euro invertido en dependencia genera 1,6 euros de actividad económica y cerca de la mitad del gasto público retorna a las administraciones a través de impuestos y cotizaciones sociales”, han concluido desde la asociación. 

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