Por Medicina Responsable
4 de agosto de 2026El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid sobre el sistema de facturación entre hospitales de la Comunidad de Madrid derivado del ejercicio del derecho de libre elección de centro sanitario.
La denuncia, presentada por la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, sostenía que la Comunidad de Madrid habría dejado de reclamar más de 70 millones de euros a las empresas concesionarias Quirón Salud y Ribera Salud por la atención prestada en hospitales públicos a pacientes procedentes de centros gestionados por ambas compañías. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas concluye que no existen indicios de responsabilidad contable ni acredita la existencia de un perjuicio patrimonial concreto para las arcas públicas. La resolución señala que la denuncia no identifica un daño económico "cierto, actual y jurídicamente exigible", requisito necesario para apreciar un posible alcance contable.
Asimismo, el órgano fiscalizador descarta que se haya demostrado la existencia de cantidades que la Comunidad de Madrid hubiera dejado de reclamar a las empresas concesionarias o de derechos de cobro pendientes que no hubieran sido exigidos por la Administración autonómica.
La denuncia se sustentaba en una información periodística que apuntaba a que entre 2017 y 2023 no se habrían contabilizado alrededor de 71,6 millones de euros correspondientes al sistema de compensación entre hospitales por la atención a pacientes que ejercieron su derecho de libre elección de centro sanitario.
No obstante, el Tribunal de Cuentas considera que ese informe no permite identificar un daño patrimonial concreto ni cuantificar un perjuicio económico para la Administración. Además, apunta que las diferencias detectadas en el sistema de facturación podrían deberse, entre otras causas, al incumplimiento de los criterios establecidos en el Manual de Facturación Intercentros para la tramitación de determinadas solicitudes.
Con esta decisión, el órgano fiscalizador pone fin al procedimiento al no apreciar responsabilidad contable derivada del funcionamiento del sistema de facturación entre hospitales de la Comunidad de Madrid.
La denuncia fue presentada meses después de la polémica surgida en torno al Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por Ribera Salud, tras la difusión de unas grabaciones atribuidas a directivos de la compañía. Aquellos hechos dieron lugar a investigaciones por parte de distintas administraciones, aunque este procedimiento ante el Tribunal de Cuentas se circunscribía exclusivamente al análisis de una posible responsabilidad contable relacionada con el sistema de facturación entre hospitales y la supuesta condonación de deuda a las empresas concesionarias.
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