Tras una semana de huelga de médicos, la sanidad entra en una fase de negociación crítica con marzo en el horizonte

Concluida la primera semana de huelga médica, comienza ahora una etapa menos visible pero igual de determinante para el sistema sanitario: la gestión de sus consecuencias y una cuenta atrás política hacia nuevas movilizaciones que, si no se desconvocan antes, volverán a producirse la semana del 16 al 20 de marzo.

Durante cinco días, miles de facultativos en toda España han decidido secundar los paros convocados por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), contra el nuevo Estatuto Marco, dejando tras de sí quirófanos cerrados, agendas vacías y una pregunta que sigue sobrevolando la sanidad pública: ¿qué ocurre cuando quienes sostienen la asistencia aseguran que ya no pueden seguir trabajando en las mismas condiciones?

Ahora, mientras la actividad asistencial intenta recuperar el pulso habitual, comunidades autónomas y centros sanitarios afrontan la tarea más compleja: absorber miles de citas aplazadas y evitar que las listas de espera vuelvan a tensionarse justo cuando empezaban a estabilizarse en algunos territorios. Y es que, aunque el impacto de los paros ha sido desigual según las comunidades, todas han tenido un denominador común: una actividad ordinaria ralentizada y miles de procesos asistenciales pospuestos.

Solo en Andalucía, el primer día de huelga dejó más de 59.200 consultas e intervenciones suspendidas y, en Madrid, durante las tres primeras jornadas se cancelaron 24.216 consultas externas, 8.713 citas de Atención Primaria, 3.025 pruebas diagnósticas y 1.405 cirugías programadas. La Comunitat Valenciana, por su parte, superó los 32.000 actos asistenciales suspendidos en los primeros días, mientras que Galicia contabilizó más de 35.200 procesos cancelados, entre cirugías, consultas hospitalarias y pruebas diagnósticas. Euskadi también cerró la semana con cerca de 26.000 consultas de Atención Primaria anuladas, más de 25.500 consultas con especialistas, alrededor de 15.000 pruebas diagnósticas y 1.422 intervenciones quirúrgicas suspendidas.

Aunque las consejerías de Sanidad situaron el seguimiento entre el 10% y el 25% en la mayoría de los territorios, los sindicatos médicos sostienen que el respaldo real fue muy superior, por encima del 70%, debido a unos servicios mínimos que, denuncian, limitaron el impacto visible del paro.

Pero, más allá del debate numérico, el conflicto ha vuelto a poner sobre la mesa un malestar profesional que, según las organizaciones convocantes, trasciende el propio Estatuto Marco. Jornadas prolongadas, guardias obligatorias sin regulación específica o la falta de reconocimiento profesional diferenciado siguen siendo, aseguran, problemas estructurales sin resolver.

El presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro, insiste en que el origen del conflicto es más profundo. A su juicio, el nuevo texto aprobado por el Ministerio no aborda el principal problema del sistema: el déficit de especialistas, un desequilibrio que “está disparando las listas de espera y comprometiendo incluso la seguridad de los pacientes”.

Un conflicto cada vez más político

Lejos de rebajarse, el tono entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos se ha endurecido tras la semana de paros. Lázaro acusa a Mónica García de alimentar el conflicto con sus intervenciones públicas: “Cada vez que habla, aumenta el hartazgo de los médicos”, afirma.

El presidente de CESM rechaza además el argumento ministerial de que algunas reivindicaciones invaden competencias autonómicas. “La ministra habla en abstracto. Nosotros hemos sido muy concretos en nuestras peticiones y sabe perfectamente qué es lo que queremos porque lleva un año negociando con nosotros”, sostiene, acusando al Gobierno de “echar balones fuera”.

Para el dirigente sindical, la principal reclamación, un estatuto profesional propio para los médicos, es jurídicamente viable y habitual en otros países europeos. “Decir que no es posible es una coartada política. Si hubiera voluntad, sería perfectamente viable”, asegura.

La presión recae ahora en el Gobierno

Pese al impacto asistencial, los convocantes insisten en que el objetivo último de las movilizaciones es proteger el sistema sanitario. “Es una noticia agridulce: puede ser un éxito sindical, pero perjudica a pacientes, y por eso pedimos disculpas”, reconoce Lázaro, quien defiende que la sobrecarga y el agotamiento profesional están deteriorando la calidad asistencial.

Por ello, el sindicato médico escala ya el conflicto al plano político nacional. Según el presidente de CESM, la solución ya no depende únicamente del Ministerio de Sanidad: “Esta huelga solo puede pararla Pedro Sánchez”, afirma.

Desde el Ministerio de Sanidad, la estrategia pasa ahora por continuar la tramitación del Estatuto Marco en el ámbito político. La ministra Mónica García ha defendido que el texto puede seguir su recorrido parlamentario y ha abierto la puerta a que sean los grupos políticos quienes planteen modificaciones durante ese proceso, insistiendo en que aquellas medidas que exceden las competencias estatales no pueden incorporarse directamente desde su departamento.

CESM ha señalado que ha pedido reuniones con los portavoces de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, con el objetivo de trasladarles de primera mano las reivindicaciones médicas y tratar de influir en la tramitación del texto antes de su aprobación definitiva, convirtiendo el Congreso en el nuevo escenario clave del conflicto. La organización sindical confirma contactos ya mantenidos con Vox y próximos encuentros con Partido Popular, Esquerra Republicana y Junts, a la espera de completar la ronda con el resto de formaciones.

Con la actividad sanitaria tratando de recuperar la normalidad, el calendario marca ya la siguiente fecha clave. Los sindicatos médicos mantienen convocadas nuevas semanas de huelga, una al mes hasta junio, si no se reabre una negociación real. “Nosotros queremos dialogar y llegar a acuerdos, no mantener una huelga indefinida”, asegura Lázaro, aunque confirma que las movilizaciones continuarán mientras no haya avances.

 

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