Sanidad reconoce la sobrecarga de los MIR en Ceuta, pero se niega "a iniciar actuaciones"

Dos meses después del comienzo de la crisis sanitaria en Ceuta, provocada por la entrada masiva de miles de migrantes el pasado mes de julio, el Ministerio de Sanidad ha reconocido por primera vez que esta "situación excepcional" está mermando las condiciones laborales de los profesionales de la salud que trabajan en la ciudad.

Lo ha hecho concretamente a través de un escrito firmado por la Subdirección General de Formación y Ordenación Profesional en el que se responde la denuncia de la Asociación MIR España contra las jornadas prolongadas de los residentes en el Hospital Universitario de Ceuta.

"Desde esta Subdirección General se reconoce el esfuerzo realizado por los profesionales sanitarios ante la situación excepcional que ha afectado a Ceuta en los últimos meses, así como la sobrecarga que dicha situación puede haber supuesto para el conjunto del sistema sanitario y, en particular, para los residentes. Asimismo, se tiene conocimiento de las medidas de refuerzo de los recursos asistenciales adoptadas por INGESA", dicta la misiva.

Sin embargo, también apunta que "las informaciones y declaraciones difundidas a través de los medios de comunicación constituyen antecedentes que, por sí solos, no permiten tener por acreditados los hechos señalados ni fundamentar el inicio de actuaciones", confirmando así que no pondrá límites a esta realidad, aunque continuará realizando el seguimiento de las condiciones de formación sanitaria especializada en coordinación con los órganos responsables del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa).

La denuncia de los residentes

Fue a finales de septiembre cuando AME formalizó una queja ante la cartera que dirige Mónica García, exigiéndole que se auditasen los cuadrantes de los turnos de estos profesionales en formación debido a las largas jornadas de trabajo que ellos mismos denunciaron.

Así, el presidente de AME, Jesús Francisco Arzúa, requirió "la intervención urgente" de la Secretaría de Estado de Sanidad, la Dirección General de Ordenación Profesional y la dirección del Ingesa. Entre otras cuestiones, requería que estas Administraciones justificasen la asignación en puestos de guardia a residentes y no a médicos especialistas, y denunciaba la ausencia de cobertura técnica y legal de esta maniobra.

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