Sanidad emprende acciones legales contra cuatro altos cargos de la ONT por irregularidades en la gestión de subvenciones

El Tribunal de Cuentas ha iniciado un procedimiento para investigar posibles responsabilidades de cuatro antiguos y actuales altos cargos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) por irregularidades en el control y la justificación de unas subvenciones concedidas en 2015 por valor de 180.000 euros.

Las ayudas, concedidas en 2015 y durante el mandato de Mariano Rajoy, se destinaron a la creación de cursos de formación dirigidos a profesionales sanitarios de la donación y los trasplantes.

Entre los implicados se encuentran el anterior director de la ONT, Rafael Matesanz, y la actual, Beatriz Domínguez-Gil, y dos ex secretarios generales, responsables de la gestión económica y administrativa. Sin embargo, no se les acusa de apropiarse de fondos públicos, sino de no reclamar a los beneficiarios la justificación de los gastos.

Aunque la ONT defiende que la entidad no tenía competencias para reclamar la devolución del dinero, ha confirmado al diario ABC que está dispuesta a recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo para defender su reputación.

Irregularidades en el control

Tres años después de la concesión de las subvenciones, en 2018, una auditoría aleatoria de la Intervención General del Estado detectó varios problemas, como la justificación incompleta de los gastos, ya que algunos beneficiarios no presentaron comprobantes suficientes para demostrar correctamente los importes. También actividades no relacionadas con la formación o la investigación científica, como una visita turística a la Sagrada Familia y la contratación de un DJ.

En este sentido, la ONT ha defendido que estos no se pagaron con dinero procedente de las subvenciones, sino con fondos privados de otras instituciones. Además, tras el control de la Intervención General del Estado, ni el Ministerio de Sanidad y ni la entidad de trasplantes reaccionaron, por lo que el plazo legal para la justificación finalizó en 2020 sin haber solventado el problema.

Ahora, el Tribunal de Cuentas ha establecido medidas cautelares y, mientras se desarrolla el procedimiento judicial, tres de las cuatro personas señaladas deben depositar una cuantía de 210.000 euros como garantía. Esta cifra se corresponde con la totalidad de la subvención (180.000 euros) y una suma de 30.000 más por intereses.

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