El PP presenta en el Congreso una Proposición de Ley relativa a la violencia en el ámbito sanitario

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley relativa a la violencia en el ámbito sanitario. Con ella, sus impulsores quieren que se regulen “las medidas mínimas y básicas a implantar por el empleador (público o privado) en los centros de trabajo, con el fin de prevenir y evitar el riesgo de sufrir daños por actos de violencia infligido por terceras personas”.

Los populares han englobado estas medidas en lo que han denominado “Plan de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario” y han solicitado que lo ejecuten todos los servicios de salud y empresas del sector.

En la Proposición de Ley, el Grupo Parlamentario Popular especifica la necesidad de crear la figura de un delegado en cada centro o empresa que velará por el cumplimento de la futura ley. También se hace referencia a los derechos y obligaciones del personal sanitario, y se dedica un artículo a la protección de los profesionales “especialmente sensibles”.

El plan propuesto por los populares indica que la víctima de un daño “deberá poner los hechos en conocimiento del empleador de forma inmediata y, a más tardar, dentro de las 24 horas siguientes. A tal efecto, se empleará un formulario, que se presentará ante el servicio de prevención incluso de forma telemática”, señala la iniciativa legislativa.

La creación de un registro nacional de los actos violencia en el ámbito sanitario es otra de las demandas que se especifican en la Proposición de Ley. Los populares han registrado que deberá crearlo el Ministerio de Sanidad para que se inscriban “todos los actos de violencia que hayan sido notificados por el personal sanitario, así como la identificación de la víctima y del agresor”.

Los populares también solicitan que el empleador ponga a disposición de los agredidos un servicio encargado de prestar apoyo psicológico y otro para tramitar las denuncias directamente con el Ministerio Fiscal. “En el ámbito de la Administración Pública, el Servicio de Salud se personará como acusación particular en las causas penales abiertas con ocasión de actos de violencia sanitaria sufridos durante el tiempo de trabajo por su personal”, indica la Proposición de Ley.

Finalmente, la iniciativa legislativa incluye la creación de un seguro que garantice a la víctima la gratuidad de los servicios jurídicos que precise para su defensa, y reparación del daño causado, así como “el resarcimiento económico de los perjuicios físicos o psíquicos derivados del acto de violencia”. Además, podrá solicitar el traslado a una plaza o a un puesto de trabajo en distinto centro, servicio o unidad.

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