El Ministerio de Sanidad promete impulsar el aborto farmacológico en Atención Primaria

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que su departamento impulsará la incorporación del aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria. "Queremos que las mujeres elijan el método y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud. Con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después", ha señalado García durante la inauguración del acto 'Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso'.

En el marco del Día Internacional del Aborto Seguro, la titular de Sanidad ha explicado que se modificará el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios para adaptar los requisitos de esta prestación a los centros de salud. Asimismo, se iniciarán los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el ámbito farmacológico, para permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario. También se actualizará la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta prestación en la Atención Primaria.

"Y lo haremos trabajando con las comunidades autónomas y de la mano de los profesionales, porque queremos que las mujeres sepan dónde tienen que acudir, cómo pueden elegir la información, y que tengan un equipo al que recurrir durante todo este proceso", ha destacado la ministra.

Sobre la objeción de conciencia

Al hilo, García ha subrayado que detrás de estos cambios se pretende "ahorrar desplazamientos, sufrimiento e inseguridades". "Saber a quién llamas si tienes una duda, sentir que hay un equipo que te conoce y que te acompaña. En definitiva, que cueste menos decidir con libertad, que haya menos barreras para esa decisión", ha manifestado.

Tras ello, ha reiterado que el Ministerio va a seguir defendiendo el derecho al aborto con "uñas y dientes", al tiempo que ha insistido en que todos los gobiernos autonómicos tiene la obligación de garantizarlo. "La objeción de conciencia debe organizarse para que las mujeres reciban atención y ningún prejuicio puede servir de excusa para bloquearla", ha indicado García. "Quienes tengan responsabilidades de gobierno deben cumplir la ley o nos tendrán enfrente. En eso no vamos a dar ni un solo paso atrás", ha advertido.

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