
Por Nuria Cordón
16 de marzo de 2026La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) da prácticamente por agotada cualquier posibilidad de entendimiento con la ministra de Sanidad, Mónica García, en pleno conflicto por el Estatuto Marco y la huelga médica convocada a nivel nacional. Así lo ha expresado su presidente, Miguel Lázaro, en declaraciones a Medicina Responsable, en las que carga duramente contra la titular de Sanidad y acusa al Ministerio de haber “roto la negociación” y deteriorado el clima de diálogo con el colectivo.
Las declaraciones se producen en la segunda semana de huelga indefinida convocada por los médicos de toda España, que durará hasta el próximo viernes día 20 y que, “si no se abre una negociación real con el Gobierno”, podría prolongarse hasta el mes de junio. Para Lázaro, el margen de acuerdo con la ministra está prácticamente agotado y la solución, como ha comentado en anteriores ocasiones, pasa ya por la intervención directa de Pedro Sánchez.
El presidente de CESM considera que la ministra no solo no ha contribuido a reconducir la situación, sino que la ha empeorado con sus manifestaciones públicas. En ese sentido, censura especialmente unas declaraciones en las que, según denuncia, se trasladó de forma implícita la idea de que los sindicatos médicos y los facultativos en huelga “tienen secuestrados a los pacientes”. Para Lázaro, ese planteamiento resulta “inadmisible”, supone una falta de respeto a 175.000 médicos de la sanidad pública y ha generado una profunda indignación dentro del colectivo. A su juicio, además, la ministra ha llegado a poner en duda la atención a pacientes oncológicos y en diálisis renal durante la huelga, algo que considera de una “enorme gravedad e imprudencia en una responsable pública”.
Lázaro sostiene que Mónica García “se ha comportado metafóricamente como una pirómana” al “echar gasolina al fuego” en lugar de rebajar la tensión y cuestiona su idoneidad para seguir al frente del Ministerio al considerar que ha demostrado una irresponsabilidad preocupante en la gestión del conflicto.
Uno de los aspectos que más llama la atención al presidente del sindicato es que, precisamente por su condición de médica, esperaban de la ministra una mayor comprensión de la singularidad profesional y laboral del colectivo. “Si no hubiera sido médico, creo que hubiéramos llegado a un acuerdo”, ha llegado a afirmar. Frente a esa experiencia, pone como contraste la relación que mantiene con otros responsables públicos, como la consejera balear Manuela García, también médica, con la que asegura que el contacto “no tiene nada que ver”.
Desde CESM entienden que la ministra, por su trayectoria como anestesista, debería comprender mejor cuestiones como la escasa conciliación de la vida laboral y familiar de los facultativos, la sobrecarga mental derivada de jornadas maratonianas, la realización de más de cuatro guardias al mes por falta de profesionales o la presión asistencial en centros de salud y hospitales. Sin embargo, Lázaro cree que en ella “ha imperado la parte política sobre la parte médica”.
Por ello, el sindicato ha desplazado su exigencia hacia el presidente del Gobierno. Lázaro recuerda que el anteproyecto está en el Consejo de Ministros y que su tramitación afecta también a los ministerios de Seguridad Social, Función Pública y Hacienda. En su opinión, la solución pasa por abrir una negociación a cuatro bandas bajo impulso directo de Pedro Sánchez, a quien atribuye tanto la capacidad como la responsabilidad de parar la huelga.
El dirigente sindical advierte, además, de que la sanidad pública no debe ideologizarse y recuerda que constituye uno de los pilares del Estado del bienestar. En ese contexto, reclama coherencia al Gobierno: si se quiere sostener una sanidad pública fuerte, sostiene, es necesario garantizar su sostenibilidad, mejorar su financiación, planificar mejor y cuidar a sus actores principales, los médicos.
Aun así, el presidente de CESM recuerda que, aunque el Estatuto Marco es una norma estatal, existen aspectos laborales que pueden abordarse también desde las comunidades autónomas. En ese sentido, ha instado a los gobiernos autonómicos a "abrir negociaciones con los sindicatos médicos en sus respectivos territorios para avanzar en aquellas competencias que dependen de las autonomías".
En el centro de esa negociación se sitúa la creación de un estatuto propio para los médicos con ámbito de representación y negociación diferenciados, una de las principales reivindicaciones del colectivo. Lázaro defiende que este modelo homologaría a España con otros países europeos y rechaza las críticas que apuntan a que supondría fragmentar el sistema sanitario.
A su juicio, la sanidad española ya está fragmentada por la existencia de 17 comunidades autónomas y la uniformidad no equivale necesariamente a cohesión. “Tratar igual a quienes son diferentes y hacen cosas diferentes no es igualdad”, ha señalado. Además, recuerda que en otros ámbitos del sector público existen estatutos propios, como en la Justicia con jueces y fiscales, sin que ello haya roto la cohesión del sistema.
Desde su punto de vista, reconocer la singularidad del médico podría convertirse incluso en un elemento vertebrador del sistema, ya que contribuiría a abordar uno de los principales problemas estructurales de la sanidad pública: la falta de facultativos. Según explica, un estatuto específico ayudaría a captar y fidelizar médicos, evitaría el “autoexilio” a Europa y frenaría el trasvase de profesionales de la sanidad pública a la privada.
Sobre el respaldo social al paro, Lázaro reconoce que existe preocupación por un posible desgaste entre los pacientes si la huelga se prolonga. No obstante, asegura que por ahora la ciudadanía mantiene la confianza en los médicos, recordando su papel durante la pandemia, en emergencias recientes y en la presión asistencial diaria que se vive en Atención Primaria y en los servicios de Urgencias.
Según explica, cuando los pacientes conocen determinadas condiciones laborales del colectivo —como que cinco años de guardias obligatorias no computen para adelantar la jubilación o que la paga extra siga recortada un 40% desde 2010— comprenden mejor las razones de la protesta.
Aun así, admite que una huelga prolongada podría pasar factura si el impacto asistencial aumenta. Por eso insiste en que el Gobierno debe abandonar la batalla del relato y abrir una negociación real.
Respecto al seguimiento, Lázaro pide no limitar el análisis a las cifras de participación. Recuerda que los médicos nunca quieren hacer huelga “por su impacto en los pacientes” y subraya que se trata de una huelga secuencial e indefinida, articulada mediante paros intermitentes que han ido aumentando progresivamente y que, si no hay acuerdo, continuarán hasta junio.
También señala que los servicios mínimos son muy elevados, lo que limita el número de profesionales que pueden secundarla plenamente, y destaca el fuerte compromiso de los médicos jóvenes, que participan en la movilización para reclamar unas condiciones laborales distintas a las que han sufrido generaciones anteriores.
Para el presidente de CESM, más allá del seguimiento, el elemento clave es que España se vea abocada a una huelga médica nacional en un contexto de largas listas de espera y escasez de profesionales.
Por ello, teniendo en cuenta que la interlocución con la ministra está agotada, la única vía para resolver el conflicto pasa ahora por una negociación directa impulsada desde la Presidencia del Gobierno. “La huelga se para con negociación real”, resume.