
Por Medicina Responsable
30 de marzo de 2026La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha calificado de “fracaso” la decisión del Ministerio de Sanidad de recurrir a un mediador para tratar de desbloquear la huelga médica abierta por la reforma del Estatuto Marco. La medida fue acordada el viernes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, tras más de cuatro horas de reunión centrada en el conflicto con los sindicatos médicos, y busca facilitar el diálogo entre el Ministerio y el comité de huelga.
Desde la Comunidad de Madrid consideran que el recurso a la mediación evidencia la incapacidad del Ministerio para resolver el conflicto. “Es muy lastimoso porque eso significa que el Ministerio y la ministra han fracasado en su negociación”, afirmó Matute al término de la reunión. La consejera defendió que la responsabilidad de encontrar una solución corresponde al Gobierno central, al tratarse de una reforma impulsada por el propio Ministerio, y reclamó que se escuche a los médicos y se reconozca su singularidad con un marco de negociación propio.
Matute también criticó que el Ministerio trate de trasladar la responsabilidad del conflicto a las comunidades autónomas. Según aseguró, durante la reunión varios consejeros reclamaron a la ministra que asuma su papel en “la mayor huelga indefinida de médicos que ha habido en la historia” y evite desviar la responsabilidad hacia las autonomías o hacia los propios profesionales. Además, insistió en que cualquier reforma del Estatuto Marco deberá ir acompañada de financiación finalista para poder aplicarse en los servicios de salud.
La consejera de Sanidad de Canarias, Esther Monzón, también reclamó al Ministerio avanzar hacia una solución dialogada que permita poner fin al conflicto, advirtiendo del impacto que la huelga está teniendo sobre los pacientes y sobre la organización de los sistemas sanitarios. Según explicó, en el archipiélago la última convocatoria de cinco días provocó la cancelación de unas 16.000 consultas médicas, tanto de Atención Primaria como hospitalaria, y 345 intervenciones quirúrgicas.
Monzón subrayó además que cualquier acuerdo deberá ir acompañado de medidas que garanticen su viabilidad, entre ellas financiación suficiente y actuaciones para abordar el déficit de especialistas. En su opinión, estas medidas son necesarias para evitar que existan “comunidades de primera y comunidades de segunda” en la prestación sanitaria y en las condiciones laborales de los profesionales.
Por su parte, el consejero de Salud del País Vasco, Alberto Martínez, valoró la mediación como un posible “avance” para reconducir la situación y apeló a la “buena voluntad de todas las partes” para desescalar el conflicto. Martínez recordó que la propuesta de incorporar un mediador independiente había sido impulsada inicialmente por los gobiernos de Euskadi, Castilla-La Mancha y Canarias y defendió que puede servir para facilitar el diálogo entre el Ministerio y el comité de huelga.
El consejero vasco apuntó además que durante la reunión se planteó la posibilidad de que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes pueda desempeñar ese papel de mediación, aunque esta opción deberá contar todavía con el respaldo del comité de huelga médica. “Ellos representan a quienes más están sufriendo las consecuencias de esta huelga”, señaló Martínez, que consideró que su participación podría aportar equilibrio al proceso.
Mientras tanto, el conflicto continúa abierto. El comité de huelga mantiene por ahora el calendario de paros previsto para los próximos meses y el Ministerio y las comunidades deberán acordar en las próximas semanas quién asumirá finalmente la mediación y bajo qué condiciones se retomarán las negociaciones.