
Por Nuria Cordón
5 de octubre de 2026El adelanto de las elecciones generales anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 29 de noviembre deja en el cajón buena parte de la agenda legislativa que el Ministerio de Sanidad ha impulsado durante esta legislatura. La decisión llega después de que el Congreso rechazara el pasado viernes los dos reales decretos en materia de vivienda y de un fin de semana en el que el jefe del Ejecutivo había estado valorando la continuidad de la legislatura.
Sánchez ha convocado unconsejo de Ministros extraordinario con el objetivo de disolver las Cortes, tras informar la Rey, lo que supone paralizar los proyectos de ley que no han completado su tramitación. Entre ellos se encuentran algunas de las principales reformas sanitarias de los últimos años, desde el nuevo Estatuto Marco hasta las leyes del medicamento y antitabaco, pasando por las de gestión pública, organizaciones de pacientes, universalidad, equidad y cohesión o prevención del consumo de alcohol en menores. Si el próximo Gobierno quiere recuperarlas, tendrá que volver a impulsar su tramitación parlamentaria.
Entre las reformas que quedan pendientes destaca el nuevo Estatuto Marco, probablemente la norma más controvertida de las impulsadas por el departamento de Mónica García. El proyecto llegó al Congreso en septiembre y se encontraba en fase de enmiendas en la Comisión de Sanidad.
Su caída tiene además una derivada especialmente relevante. La reforma ha provocado un conflicto sin precedentes entre el Ministerio y los sindicatos médicos, con sucesivas jornadas de huelga desde el pasado año y una convocatoria de huelga indefinida a partir del 28 de octubre.
Entre sus principales novedades, el texto plantea limitar con carácter general las guardias a un máximo de 17 horas, establecer un nuevo modelo de clasificación profesional e introducir cambios en materia de jornada, descansos y conciliación, además de fijar la convocatoria de procesos selectivos cada dos años para combatir la temporalidad.
El proyecto ha encontrado la oposición de los sindicatos médicos, que reclaman una regulación específica para la profesión, pero también importantes obstáculos políticos. A las críticas de PP y Vox se han sumado durante su recorrido las de formaciones decisivas para la mayoría parlamentaria del Gobierno.
Con la disolución de las Cortes, todo ese recorrido queda interrumpido y el proyecto decae. Su recuperación dependerá, por tanto, de que el próximo Gobierno decida volver a impulsar la reforma.
Una situación similar afronta la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, uno de los proyectos más ambiciosos de Sanidad y una reforma largamente reclamada para actualizar el marco normativo vigente desde 2015.
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto el pasado 21 de julio y el texto llegó al Congreso tres días después. Se encontraba en la Comisión de Sanidad, en fase de enmiendas y mediante procedimiento de urgencia.
La norma pretende modificar el modelo de acceso, financiación y regulación de los medicamentos, introducir cambios en el sistema de precios, reforzar el papel de genéricos y biosimilares y adoptar medidas para garantizar el suministro y proteger los medicamentos considerados estratégicos.
La industria farmacéutica ha reclamado durante los últimos años una actualización del marco normativo, aunque también ha mostrado sus recelos sobre algunos aspectos del proyecto, especialmente los relacionados con financiación, precio y producción.
El adelanto electoral hace decaer también esta iniciativa. No ocurre necesariamente lo mismo con aquellas reformas que Sanidad desarrolla mediante real decreto y que no requieren la aprobación de las Cortes, como determinadas modificaciones reglamentarias en materia de evaluación, financiación y precio de medicamentos.
Otra de las grandes reformas sanitarias que queda interrumpida es la modificación de la ley antitabaco. Aprobada por el Consejo de Ministros en julio, llegó al Congreso el día 24 de ese mes y permanecía en fase de enmiendas en la Comisión de Sanidad.
El proyecto pretende ampliar los espacios libres de humo a lugares como terrazas, playas, piscinas o determinados eventos al aire libre y extender buena parte de las restricciones a los cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco.
La reforma cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones científicas y sanitarias, pero ha encontrado una fuerte oposición en sectores como la hostelería y tampoco tenía garantizados todos los apoyos parlamentarios necesarios.
Con la convocatoria electoral, esta tercera gran reforma queda también sin culminar.
En la misma situación se encuentra la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, aprobada por el Gobierno en mayo y que se encontraba en fase de enmiendas después de que su plazo hubiera sufrido sucesivas ampliaciones durante los últimos meses.
La norma pretende limitar la gestión indirecta de los servicios sanitarios a situaciones excepcionales y reforzar las condiciones y controles para recurrir a fórmulas de colaboración con el sector privado. Desde la sanidad privada y los partidos de la oposición se ha criticado duramente una reforma que consideran perjudicial para la colaboración público-privada.
También queda interrumpida la tramitación de la Ley de Organizaciones de Pacientes. El proyecto, presentado en junio, pretende reconocer por primera vez mediante un marco jurídico específico a estas entidades de ámbito estatal y reforzar su participación en las decisiones del Sistema Nacional de Salud. La iniciativa se encontraba en la Comisión de Sanidad, pendiente del debate de totalidad tras la presentación de una enmienda de devolución.
La norma establece, entre otras cuestiones, mecanismos de participación de las organizaciones en la gobernanza sanitaria y crea instrumentos específicos para regular su representatividad, transparencia e independencia.
El adelanto electoral se lleva por delante también dos proyectos que llevan buena parte de la legislatura esperando su aprobación.
La Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud llegó al Congreso en mayo de 2024 y, pese a tramitarse por el procedimiento de urgencia, continuaba en la Comisión de Sanidad. Su objetivo es consolidar legalmente el acceso universal al SNS y eliminar barreras administrativas que dificultan la asistencia sanitaria de determinados colectivos.
Su historia resulta especialmente significativa ante el nuevo escenario: una iniciativa anterior sobre esta materia ya decayó en 2023 precisamente como consecuencia de la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales. Ahora vuelve a ocurrir.
También permanecía pendiente desde 2024 la Ley de Equidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. El proyecto llegó al Congreso en junio de aquel año y seguía en fase de enmiendas. Entre sus objetivos se encuentran reforzar la cohesión territorial del sistema, mejorar la participación de pacientes y profesionales y establecer mecanismos más homogéneos en diferentes prestaciones del SNS.
A la lista se suma la Ley de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas y de sus Efectos en las Personas Menores de Edad, que acumulaba uno de los recorridos parlamentarios más prolongados. El proyecto llegó al Congreso en marzo de 2025 y permanecía en fase de enmiendas en la Comisión de Sanidad.
La norma busca retrasar el inicio del consumo de alcohol entre los menores mediante medidas en los ámbitos sanitario, familiar, educativo y de ocio, además de restricciones sobre publicidad, venta y consumo.
El noveno proyecto es la reforma de la aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. En este caso existe una particularidad: las medidas aprobadas mediante el real decreto-ley de mayo y posteriormente convalidadas por el Congreso no desaparecen con la convocatoria electoral. Lo que queda interrumpido es su posterior tramitación como proyecto de ley, que se encontraba en la Comisión de Sanidad en fase de enmiendas.