El Gobierno reclama a Ceuta los gastos de las pruebas de edad a menores inmigrantes

Cuando se cumplen 50 días de la entrada de 80.000 inmigrantes ilegales a Ceuta, la tensión entre el Gobierno central y el ceutí sigue protagonizando titulares. En esta ocasión, lo hace después de conocerse que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad y responsable de la Sanidad en la ciudad ceutí, reclama al ejecutivo que dirige Juan Jesús Vivas los gastos originados de las prestaciones sanitarias que se están realizando a los menores extranjeros.

Se trata de pruebas que, desde el pasado mes de agosto, se están haciendo a este colectivo para determinar su edad, ya que la mayoría no puede acreditarla con un documento.

El Gobierno de Ceuta se ha negado a asumir este coste, alegando que es el departamento que dirige Mónica García el que debe hacerse cargo por tener las competencias sanitarias de la ciudad autónoma. "Es un racaneo constante de medios, es indigno para los ciudadanos de Ceuta este trato", ha manifestado en el programa de radio “Herrera en COPE” la vicepresidenta del ejecutivo ceutí, Kissy Chandiramani. Por su parte, en rueda de prensa, el portavoz Alejandro Ramírez ha insistido que su gobierno “no debe asumir el coste de estas actuaciones».

La negativa no se ha quedado en palabras. El Ejecuto ceutí, a propuesta de la Consejería de Presidencia y Gobernación, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la reclamación de Ingesa, que ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de Ceuta. En él, la ciudad autónoma reconoce sus competencias de protección y tutela de los menores extranjeros no acompañados, pero subraya que la asistencia sanitaria en la ciudad es responsabilidad de este organismo. Asimismo, recuerda que es el Ministerio Fiscal el que insta las pruebas médicas destinadas a determinar la edad cuando existen dudas sobre la minoría de edad. Unos exámenes que han llevado a reforzar los medios humanos. Así, antes de la crisis migratoria el Instituto de Medicina Legal de Ceuta contaba con siete profesionales y hoy, con 19; entre ellos, nueve médicos forenses.

No obstante, no es la primera vez que el Ingesa reclama gastos derivados de la atención a niños y adolescentes tutelados al Gobierno de Ceuta. En mayo de 2025, este Ejecutivo acordó recurrir las liquidaciones emitidas por el Hospital Universitario de Ceuta por la atención ofrecida a este colectivo.

 

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