El Gobierno prevé reforzar la protección de los menores en redes sociales con sanciones a las plataformas por “contenidos ilícitos”

El Gobierno pretende endurecer la futura Ley de Protección de Menores, pendiente de tramitación en el Congreso por vía urgente desde septiembre de 2025. El presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado la incorporación de tres nuevas medidas en este proyecto normativo, que busca garantizar los derechos de los menores en el ámbito digital, mediante la protección de sus datos personales y al acceso a contenidos adecuados para su edad. 

Como principal medida, la ley ya preveía aumentar a 16 años la edad mínima para crearse un perfil en redes sociales. Ahora, según ha detallado Sánchez, se ha llevado esta restricción de edad más allá para prohibir directamente el acceso a las redes hasta la misma edad, tal y como había anunciado el pasado mes de febrero. A esta novedad se suman el establecimiento de la “responsabilidad penal de los directivos si no se retiran los contenidos ilícitos de sus plataformas”, al tiempo que introduce como delito tipificado en el Código Penal “la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales”.

A través de un mensaje en su perfil de la red social X, el presidente ha destacado el avance que suponen estas medidas, con un dardo para los propietarios de las grandes plataformas sociales del mundo digital: “Este Gobierno no se va a rendir ante tecno-oligarcas. Vamos a convertir el espacio digital en un entorno seguro para nuestros jóvenes”.

España sigue a través esta ley la estela de países como Australia, que ya tienen regulada la prohibición de acceso a redes sociales para menores. En esta ambición se han sumado otros países de nuestro entorno, como Francia o Reino Unido. El país galo lleva, al igual que España, meses trabajando en un marco legal con este prpoósito que plantea, por su parte, fijar la edad de acceso en 15 años. El último dirigente en anunciarlo fue el primer ministro británico, Keir Starmer, quien fijó su intención de llevarla al Parlamento antes de que acabe el año para poder entrar en vigor en la primavera de 2027. 

La nueva legislación española también prevé instar a los centros educativos a regular expresamente el uso de móviles, ordenadores, tabletas o cualquier dispositivo digital en el aula y el resto de actividades. Por otro lado, contempla la creación de canales de denuncias y mecanismos de verificación por parte de plataformas e influencers.

Valoración de las sociedades científicas

La evidencia científica ha documentado ampliamente los efectos nocivos que tienen las redes sociales sobre el desarrollo de los menores a distintos niveles. Su uso en estas franjas de edad está asociado trastornos del sueño, alteraciones del neurodesarrollo, problemas de autoestima, mayor riesgo de ansiedad y depresión, obesidad, fatiga visual, sedentarismo, así como dificultades en el aprendizaje y la socialización. Sociedades científicas y profesionales a título individual vienen advirtiendo de estos peligros, aunque el diseño de políticas para mitigarlos no está exento de debate. Desde la la Asociación Española de Pediatría (AEP) valoraron positivamente la tramitación de la ley promovida por el Gobierno ante "un problema de salud pública que está afectando negativamente a nuestra infancia y adolescencia". "Las redes sociales no son entornos inocuos. Están diseñadas para maximizar la permanencia del usuario, lo que las convierte en especialmente perjudiciales para cerebros en desarrollo", señalaban en un comunicado a comienzos de este año.

No en vano, la AEP instaba a avanzar "hacia una regulación integral del entorno digital que sitúe en el centro la salud y el desarrollo de niños y adolescentes". En este aspecto es donde más hincapié hacen desde la  Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA), en un posicionamiento hace un par de semanas. Aunque reconocen el potencial de la legislación que promueve el Gobierno para "frenar el aumento de trastornos de ansiedad, depresión y alteraciones de la autoimagen vinculados a la hiperconectividad", reclaman que la prohibición vaya acompañada de medidas estructurales. "La prohibición absoluta carece de efectividad a largo plazo si no va acompañada de un plan estructural. Para garantizar una atención médica integral al adolescente, es imperativo priorizar la divulgación científica y educación en salud para familias y pacientes adolescentes. Restringir el acceso no dota a las nuevas generaciones de herramientas críticas para gestionar la exposición algorítmica ni previene los riesgos cuando, inevitablemente, logren acceder a estos servicios", argumentan desde esta entidad. Por ello, abogan por fomentar la investigación en salud integral de manera que se genere evidencia para "desarrollar estrategias clínicas que mitiguen la dependencia, más allá de la mera restricción de acceso".

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