El Gobierno aprueba una inversión de 6.200 millones de euros "para refundar el sistema de la dependencia"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto con el que destinará 6.162 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), la mayor inversión de la historia de la democracia en este ámbito. en el sistema de atención a la dependencia. "Esta medida supone una inversión sin precedentes para refundar el sistema de la dependencia en España, pues es la mayor ampliación de los cuidados en décadas", ha destacado en rueda de prensa el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

La reforma modifica estructuralmente la financiación del SAAD mediante un incremento de las cuantías del nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido, siendo especialmente significativo en los casos de mayor necesidad de apoyo. Así, la financiación destinada a las personas con grado III o gran dependencia aumentará un 128%, pasando de 290 a 660 euros mensuales. En el caso del grado II, correspondiente a dependencia severa, la cuantía se duplicará, de 130 a 260 euros al mes. Para el grado I, de dependencia moderada, la aportación estatal crecerá un 18%, hasta alcanzar los 90 euros mensuales.

Con estos incrementos, la aportación económica del Estado al sistema alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.239,4 millones en 2027. El Ejecutivo destaca que la inversión estatal será el próximo año el doble que en 2025 y quintuplicará la registrada hace una década. Además, Bustinduy ha defendido que la reforma va más allá del incremento presupuestario y representa un cambio de paradigma en el sector de los cuidados. "Gracias a este real decreto dejamos atrás un modelo asistencialista, masificado y centrado en la construcción de grandes residencias, para crear un sistema cercano que permita a la gente vivir en sus casas", señaló.

El Gobierno sostiene también que la medida contribuirá a reducir las listas de espera y aumentar las prestaciones . "El objetivo es aumentar la intensidad y calidad de las condiciones del cuidador y de los cuidadores", ha insistido Bustinduy, quien también reconocía que su voluntad "es que la convalidación coincida con la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, lo que supondrá un andamiaje profundo".

La reforma también tendrá impacto en el empleo, pues el Ejecutivo prevé que el sector de los cuidados en España crezca en los próximos años. "Estamos haciendo un gran esfuerzo de país para valorizar, visibilizar y mejorar las condiciones de trabajo de un sector absolutamente esencial para el futuro", afirmó el ministro. "Invertir en dependencia no solo supone cambiar las condiciones de vida de los más vulnerables, sino que permite generar más desarrollo económico y cohesión social", ha concluido.

Otros 21 millones contra las drogas

El Consejo de Ministros también ha aprobado el reparto de 21.281.080 euros entre las comunidades y ciudades autónomas para seguir impulsando los programas derivados del Plan Nacional sobre Drogas, incluyendo estrategias de intervención dirigidas a la prevención, la rehabilitación y reinserción, entre otras.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado, los criterios de reparto y la distribución resultante ya fueron aprobados por la Comisión Sectorial el pasado 20 de mayo; y los fondos se distribuyen en cinco conceptos presupuestarios clave para cubrir todas las áreas de la Estrategia Nacional sobre Adicciones.

En concreto, 4.678.150 euros van destinados a programas de prevención de drogodependencias; 1.479.640 a programas dirigidos a toxicómanos con problemas jurídico-penales, con el objetivo de contribuir a su rehabilitación y reinserción; y 1.662.650 a apoyar la labor del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones en la recogida y análisis de datos sobre indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad.

Asimismo, 3.860.640 euros están dedicados a cubrir gastos generales derivados de los programas autonómicos de la Estrategia Nacional, mientras que los 9,6 millones de euros restantes se aplicarán a actividades diversas en aplicación de la normativa vigente sobre el fondo de bienes decomisados, Ley 17/2003, de 29 de mayo. Por CCAA, Andalucía ha recibido un total de 3.320.640,90 euros; Aragón, 929.407,99; Asturias, 668.345,55; Baleares, 606.024,18; Canarias, 991.095,84; Cantabria, 432.182,61; Castilla-La Mancha, 1.172.018,32; Castilla y León, 1.492.350,33; Cataluña, 2.917.795,39; Comunidad Valenciana, 1.929.483,02; Extremadura, 849.361,31; Galicia, 1.174.529,61; Madrid, 2.770.214,28; Murcia, 753.725,78; La Rioja, 347.025,40; Ceuta, 166.079,65; Melilla, 133.771,66; Navarra, 246.518,69; y País Vasco, 380.509,49.

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