Una gestión de Muface sin aseguradoras: así es la vía que defienden los médicos en ejercicio privado

La disyuntiva sobre el futuro de la Mutualidad General de Funcionarios del Estado (Muface) discurre entre el lanzamiento de una nueva oferta de licitación que convenza a las aseguradoras o la liquidación del modelo con el paso de estos funcionarios a la sanidad pública. 

Sin embargo, desde la Unión Médica Profesional (Unipromel), una entidad que aglutina a médicos en ejercicio privado, defienden una alternativa que pasa por prescindir de las aseguradoras como intermediarias en la atención sanitaria a los funcionarios.

En el centro de la disputa está el desacuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras por la oferta económica, que desde las compañías que venían prestando la asistencia sanitaria a los mutualistas (Asisa, Adeslas y DKV) consideran insuficiente, motivo por el cual no se presentaron a la renovación del concierto dejando la licitación desierta. Las posturas son dispares dentro del propio Gobierno, pues mientras el Ministerio de Función Pública (el responsable de Muface y encargado de la negociación) ha anunciado que presentarán una nueva oferta, desde Sanidad abren la puerta a acabar con el modelo existente con una migración de los funcionarios a la sanidad pública.

En medio de este desencuentro, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales decidió suspender cautelarmente las licitaciones de las otras dos mutualidades existentes, la de los funcionarios del ejército (Isfas) y la judicatura (Mugeju), tras una demanda presentada por Unipromel. El presidente de esta entidad, el doctor Ignacio Guerrero explica a Medicina Responsable que estas licitaciones “vulneraban derechos fundamentales” para la atención sanitaria de los funcionarios y defiende su propuesta para el modelo de mutualidad, al que han bautizado como “Muface directo”.

Exige que la subida de la prima repercuta directamente a los médicos

Guerrero se muestra muy crítico con la postura tanto del Gobierno como de las aseguradoras y argumenta que se podría seguir prestando asistencia sanitaria a los funcionarios a través de Muface sin contar con las aseguradoras como intermediarias. “Lo que ha quedado desierto es el concierto. Como no se ha encontrado un intermediario de gestión para esos recursos, lo que tendría que hacerse es pagar y ofrecer esos servicios a través de una mutualidad directa para los funcionarios”, señala el presidente de Unipromel.

Esta mutualidad directa, defiende que debería comenzar con un “periodo de consulta para que todos los profesionales que quieran se adhieran al cuadro médico de Muface sin pasar por el aro de una aseguradora”, a las que acusa de “apretar los precios a los médicos con cada vez mayor nivel de exigencia”. Estos profesionales, a los que representa su entidad, están subcontratados por estas aseguradoras para atender a los mutualistas. 

El presidente de Unipromel señala que realizar el pago directo a los médicos como prestadores de servicio tendría “beneficios tributarios para el estado, porque pagamos más cotizaciones”. Frente a esto, critica las prácticas de las aseguradoras de “usar el dinero que obtienen del concierto para invertir y obtener una rentabilidad que compense las pérdidas” de la prestación sanitaria a los funcionarios. “Lo que ha cambiado en esta última licitación es que ya no les salen rentables las pérdidas ni siquiera con las inversiones”, señala. 

El doctor Guerrero defiende un modelo “a la francesa”, en el que “vas a una mutualidad aseguradora o directa, haces tu pago y esperas que te lo reembolse el estado”. “La estructura está: están los médicos, los hospitales… lo que habría que hacer es cambiar la base del concurso y hacer la gestión directa del dinero. El estado es el que tiene que asumir el pago de las prestaciones”.

Ante el desacuerdo por la subida ofertada por el Gobierno (de un 17% en dos años), Guerrero señala que, si la nueva licitación cumpliera o se acercara a las cantidades que solicitan las aseguradoras (de en torno a un 40%), habría que “vigilar que esa subida fuera finalista para los prestadores de atención sanitaria”. Es decir, que esta subida tuviera un impacto real y directo sobre los precios que pagan las aseguradoras a estos médicos y centros que atienden a los funcionarios. De no ser así, asegura que “los que nos iríamos seríamos los médicos”.

 

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