Muface ahorra 600 millones al Estado, según Fedeca

La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha pedido de nuevo este lunes al ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que se siente a negociar con su organización el mantenimiento de la asistencia sanitaria de Muface "para no dejar colgados" a sus 1,5 millones de mutualistas.

Durante una rueda prensa organizada por Fedeca y el Consejo General de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital), la presidenta de Fedeca, Ana Ercoreca, ha advertido de que "no existen argumentos económicos ni jurídicos" para eliminar el concierto sanitario de Muface y pasar los funcionarios al sistema público. En este sentido, ha señalado que el gasto por mutualista es casi 600 euros menor que el coste por paciente del sistema sanitario público: 1.014 euros frente a 1.608 euros. Con esta cifra de ahorro por paciente, la estimación que realizan desde Fedeca es de un ahorro de 600 millones al año para el Estado. 

Además, si se analiza la evolución en el último lustro, el gasto en el Sistema Nacional de Salud (SNS) se ha incrementado "sustancialmente más" que las primas de Muface, un 41% frente a un 16%, sostiene Fedeca. Desde Fedeca, avisan además de que trasladar a los empleados públicos al sistema nacional de salud "sobretensionará" a comunidades autónomas donde las listas de espera ya son muy elevadas, especialmente Castilla y León, Andalucía, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a la que habría que sumar Madrid si se añadiera el componente de la edad.

Ercoreca ha denunciado que, dentro del colectivo de Muface, los más perjudicados por su desaparición serían los mayores, pues la edad media de los mutualistas supera los 50 años y hay quienes ya están en tratamiento o padecen enfermedades crónicas, lo que hace muy difícil que puedan ser aceptados ahora en un seguro privado.

"Queremos que negocie con nosotros para garantizar que el día 1 de enero, que va a llegar muy pronto, podamos ofrecerle una respuesta a ese millón y medio de funcionarios y garantizarles esa prestación sanitaria", ha apuntado. En esta línea, ha instado a la administración a justificar "por qué van a gastarse más dinero en un sistema nacional sanitario cuando esto está suponiendo un ahorro". al tiempo que ha criticado al Ejecutivo por reunirse con los sindicatos, pero no "con las asociaciones que estamos involucradas". En la rueda de prensa han participado varios integrantes de Fedeca, como el abogado del Estado y expolítico Edmundo Bal, quien ha instado al ministro López a negociar una póliza colectiva para todos los funcionarios en la que incluso ha llegado a sugerir el establecimiento de un posible copago para que una parte la sufragara el funcionario y otra el Estado.

No obstante, la presidenta de Fedeca ha matizado posteriormente que su organización no está abierta a un copago, sino a negociar con el ministro de Función Pública para garantizar la prestación sanitaria a los 1,5 millones de mutualistas. Tanto Edmundo Bal como Mario Garcés, interventor del Estado, han cargado duramente contra el Ministerio de Sanidad y su titular, Mónica García, por su "infumable" informe contra la asistencia sanitaria de Muface y su recomendación para que sus mutualistas pasen al sistema público, una idea, que según denuncian desde Fedeca, es fruto del "sectarismo" y de "la ideología pura" de una parte del Gobierno.

"¿Éste es un conflicto de raíz ideológica o de necesidad económica y presupuestaria? ¿O realmente han hecho un conflicto ideológico de un problema económico-presupuestario? ¿O realmente se han enfrentado nuevamente las dos almas del Gobierno? Por una parte, Función Pública busca una solución razonable y continuista y, de pronto, surge el fundamentalismo del Ministerio de Sanidad", ha criticado Garcés.

Edmundo Bal ha criticado que se hable de los funcionarios como unos privilegiados y "señoritos" y se les pida que se paguen su seguro privado cuando hay funcionarios que son mileuristas y que no podrían afrontar ese gasto. Bal ha argumentado además que si una empresa privada quisiera eliminar el seguro médico que da a su plantilla como parte de su retribución en especie no podría hacerlo porque supondría una modificación sustancial de las condiciones laborales. "A un contratado laboral no podrían hacérselo, quitarle el seguro privado, porque sería un derecho adquirido", ha señalado Bal.

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