Por Nuria Cordón
24 de junio de 2024Durante un encuentro con medios de comunicación para hacer balance del primer año de Gobierno, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha denunciado que el Gobierno "debe a la región 520 millones de euros de financiación sanitaria, más otros 37 millones por la atención a la población que se encuentra en prisión”.
Según la consejera, “la cantidad de millones que tiene el Estado y que no trasfiere es elevadísima. Somos la comunidad que más invierte en salud y ponemos mucho más dinero de las partidas que no adelantan”. Un ejemplo, según Matute, es la financiación para la salud bucodental. “No tocamos ni a 3 millones por año, cuando nosotros estamos invirtiendo unos 16 millones al año para ese problema. Estamos infra financiados con unos presupuestos congelados”.
Para Matute, la región está trabajando “con unos presupuestos prorrogados por una estrategia política que no ha permitido que se pensara en la necesidad real de este año”. Según la consejera madrileña, "hace falta una mayor financiación de parte del Gobierno central, que además de infrafinanciar a las Comunidades Autónomas, les adeuda dinero.
Falta de médicos: un "problema de Estado"
Uno de los temas que más preocupa a la consejera esla falta de profesionales; "nos encontramos ante un problema de Estado, la falta de médicos”, ha explicado Matute. Por ello, ha instado al Ministerio de Sanidad a que se coordine con el de Educación para homologar los títulos de médicos extracomunitarios y dar una solución a la escasez de estos profesionales. “Hay 5.000 expedientes en un cajón en el Ministerio pendientes de homologar, que nos valdrían para sustituir bajas de vacaciones y tener una plantilla robusta que es necesaria”, ha reclamado Matute. “Voy a seguir dando voz para que podamos tenerlos con nosotros”.
La consejera ha recordado que, aunque Madrid es de las comunidades “que menos mal están, no nos vamos a conformar".
Desde la Consejería han avanzado que en breve esperan tener redactada una nueva orden para contratar extracomunitarios de especialidades deficitarias y ampliar así la exención del cumplimiento del requisito de la nacionalidad española.
Matute también ha vuelto a pedir a la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) que “disminuya su burocracia”, ya que un fármaco que “tendría que estar a disposición de los ciudadanos en 180 días una vez aprobado, según marca la UE, aquí tardamos más de 600 días”, una demora que en procesos oncológicos significa “que el paciente ya no esté”.
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