La factura de la segunda semana de huelga médica: millones de euros y cientos de miles de citas suspendidas

Finalizada la segunda semana de huelga indefinida de médicos, en protesta por el Estatuto Marco, las comunidades autónomas han empezado ya a cuantificar el impacto de los paros, tanto a nivel económico como asistencial, en el sistema sanitario. Millones de euros en costes directos y cientos de miles de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas suspendidas dibujan un escenario de creciente presión sobre el sistema sanitario.

Aunque no todas las comunidades han puesto cifras al impacto económico, algunas ya han comenzado a hacerlo. Es el caso de Madrid, donde la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha cifrado en ocho millones de euros el coste acumulado de los paros tras dos semanas de movilizaciones. En ese periodo, según la consejera, la huelga ha obligado a suspender unas 130.000 consultas externas, 13.000 pruebas diagnósticas y 6.000 cirugías en la región.

Matute ha advertido, además, de que la situación tendrá consecuencias más allá de los días de paro, con un incremento de la presión asistencial en las próximas semanas.

Andalucía ha sido otra de las comunidades que ha puesto precio al impacto de la huelga. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha apuntado a un coste de 77 millones de euros para el sistema público andaluz, derivado de las dos semanas de paros, y a cerca de 160.000 actos médicos suspendidos en solo tres días, de los cuales 68.846 corresponden a hospitales. Ante esta situación, Sanz ha responsabilizado directamente al Ministerio de Sanidad. “La huelga tiene consecuencias muy graves”, ha señalado, al tiempo que ha reclamado al Gobierno que se siente a negociar. En esta línea, ha insistido en que la situación exige una respuesta inmediata del Ejecutivo central y ha criticado la falta de interlocución directa con los profesionales, en un contexto en el que las comunidades consideran que el impacto sobre la asistencia es ya “muy grave”.

Un impacto asistencial que se extiende por todo el sistema

El efecto de esta huelga indefinida, que por el momento no tiene visos de ser desconvocada ante el estancamiento entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y los sindicatos médicos, se replica en el conjunto del país, con distinta intensidad según la comunidad autónoma, pero con un denominador común: la acumulación de actividad pendiente.

En Baleares, los cuatro últimos días de paro han provocado la cancelación de 303 operaciones, 7.079 consultas y pruebas diagnósticas y 8.540 consultas en Atención Primaria, lo que sitúa el impacto por encima de las 15.000 actuaciones sanitarias suspendidas en menos de una semana. La consellera de Salud, Manuela García, ha advertido de que esta situación generará una sobrecarga asistencial “muy importante” durante al menos dos o tres semanas, ya que muchas de las intervenciones suspendidas deberán reprogramarse con carácter prioritario.

Castilla y León ha mostrado también el impacto sostenido de la huelga jornada tras jornada. Solo el jueves se suspendieron 6.462 consultas de Atención Primaria, 3.367 consultas externas hospitalarias, 575 pruebas diagnósticas y 255 intervenciones quirúrgicas, cifras que se suman a las registradas en días anteriores y que elevan el volumen acumulado a decenas de miles de actos asistenciales aplazados en la comunidad.

En Galicia, aunque los datos se mezclan con la huelga de Atención Primaria que se prolonga desde hace semanas, el sistema sanitario ha acumulado 188.645 actos asistenciales suspendidos desde diciembre, lo que evidencia el efecto arrastre que pueden generar este tipo de movilizaciones prolongadas. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha subrayado que “detrás de cada cita cancelada hay personas” y ha advertido de la dificultad de recuperar la actividad si el modelo de paros se mantiene en el tiempo. “Es prácticamente imposible manejar las listas de espera con este tipo de huelga”, ha señalado, insistiendo en que el Ministerio debe asumir su responsabilidad en la resolución del conflicto.

Especial presión en Atención Primaria y consultas externas

Uno de los elementos comunes en todas las comunidades es el mayor impacto en la actividad no urgente, especialmente en Atención Primaria y consultas externas hospitalarias.

En Andalucía, más de 30.000 de las citas suspendidas en un solo día correspondieron a Primaria, una tendencia que se repite en otros territorios. En comunidades como La Rioja, el propio sistema sanitario estima una media de 1.500 actos médicos cancelados al día, junto a entre 10 y 15 cirugías diarias. Según María Martín, consejera de Salud y Políticas Sociales de La Rioja, en una entrevista con Medicina Responsable, “cada semana de huelga supone un retraso de dos semanas en listas de espera y de tres semanas para volver a los niveles que tenemos”, un dato que pone de relieve el impacto que tendrá en los próximos meses.

Cantabria, por su parte, calcula que los paros en esta última semana podrían superar las 20.000 consultas en Atención Primaria, casi 10.000 consultas hospitalarias y entre 700 y 900 intervenciones quirúrgicas. El consejero de Salud, César Pascual, ha advertido de que esta situación podría agravarse si se mantiene la huelga en los próximos meses, tal y como está convocada, y ha reconocido que, en el contexto actual, el objetivo ya no es reducir las listas de espera, sino evitar que sigan creciendo.

Un seguimiento desigual y con cifras enfrentadas

Más allá del impacto asistencial, la huelga sigue marcada por una fuerte disparidad en los datos de participación, que varían de forma significativa según la fuente.

Las consejerías de Sanidad sitúan el seguimiento en la mayoría de comunidades en una horquilla relativamente estable, entre el 12% y el 24%. Regiones como Andalucía, Castilla y León o Extremadura se mueven en torno al 20%, mientras que en Galicia el seguimiento global ronda el 18%-19% en turno de mañana, cayendo a cifras cercanas al 3% por la tarde.

Frente a estos datos, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) sostiene que el seguimiento de esta segunda semana de huelga de marzo se ha mantenido en torno al 80% en hospitales y al 50% en Atención Primaria como media de las distintas comunidades autónomas, con oscilaciones atribuibles al festivo de este jueves en algunos territorios. Según la organización, el impacto ha sido especialmente visible en servicios como Anestesiología y Reanimación y entre los médicos residentes, dos de los colectivos donde la protesta ha tenido mayor incidencia.

La CESM subraya además que estos porcentajes se han alcanzado pese a la fijación de servicios mínimos elevados, que en algunos casos califica incluso de superiores a los de la semana de huelga de febrero, ya cuestionados por “abusivos”. Esta circunstancia, añade, ha llevado a algunos sindicatos autonómicos confederados a interponer recursos por vía judicial.

En paralelo, la organización sindical cifra en “notable” la repercusión en los servicios de salud durante estos cinco días, con miles de consultas y pruebas diagnósticas aplazadas y cirugías suspendidas en distintas comunidades. Como ejemplo, alude a las 158 intervenciones canceladas en Asturias, las 334 en Baleares, cerca de 500 en Cantabria o las 532 en Aragón, según datos aportados por sindicatos autonómicos.

La CESM afirma que, pese a lamentar las consecuencias en los pacientes, mantiene la mano tendida al diálogo y reclama una negociación “con propuestas firmes” para desbloquear el conflicto. Y recuerda que el calendario de movilizaciones se mantiene, al menos, hasta junio.

Las comunidades elevan la presión: “hay que negociar”

En paralelo al impacto asistencial, varias comunidades autónomas han intensificado la presión sobre el Ministerio de Sanidad para desbloquear el conflicto.

Algunas regiones han planteado incluso la necesidad de una mediación externa que el propio ministerio ha rechazado. El consejero de Salud del País Vasco, Alberto Martínez, ha advertido de que cada semana de huelga añade días de espera quirúrgica y ha defendido buscar “una vía de mediación” para evitar que el conflicto se cronifique.

En la misma línea, el consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, ha insistido en que el origen del conflicto es estatal y ha reclamado la implicación directa del Ministerio: “Nunca hemos estado negados a la negociación”, ha señalado, subrayando la necesidad de abrir un diálogo efectivo. Bancalero ha añadido que las comunidades están asumiendo ya las consecuencias asistenciales de un conflicto cuyo origen no está en su ámbito competencial.

Varias comunidades han ido más allá y acusan directamente al Ministerio de una falta de liderazgo en la gestión del conflicto, al considerar que la ausencia de una negociación efectiva con el comité de huelga supone una dejación de responsabilidades en un momento en el que el impacto asistencial ya es evidente en todo el país.

 

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