
Por Juan García
6 de julio de 2026Como parte del Acuerdo Marco pactado entre el Gobierno y los sindicatos para la Mejora del Empleo Público, CSIF y el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública han constituido el grupo de trabajo sobre mutualismo administrativo y clases pasivas.
Este nuevo órgano, que tiene como objetivo proveer mejoras en las condiciones laborales de los empleados públicos, ha dado comienzo a la negociación con una serie de propuestas por parte del sindicato CSIF. Tras la crisis de renovación del concierto de Muface y el debate sobre la continuidad del modelo, desde el sindicato llevan meses reclamando un refuerzo del mutualismo administrativo, que también incluye a la judicatura (Mugeju) y fuerzas de seguridad del Estado (Isfas).
El sindicato ha llegado a esta primera reunión con seis reivindicaciones principales para mejorar el modelo vigente. CSIF elaborará de forma más concreta sus propuestas basadas en estos ejes, y las remitirá al grupo de trabajo con el objetivo de fijar a partir del mes de septiembre un calendario de negociación para la implantación de estas medidas.
En primer lugar, piden un análisis de la situación actual del mutualismo administrativo y adoptar las medidas necesarias para su mantenimiento y mejora. Al mismo tiempo, piden una mejora en los estándares de calidad asistencial para los mutualistas y una revisión del copago farmacéutico. En concreto, el sindicato apuesta por un modelo común entre los adscritos al mutualismo o al Régimen General de la Seguridad Social (RETA), que contemple la gratuidad para el colectivo de pensionistas y pacientes crónicos. En la actualidad, los pensionistas del régimen general aportan un 10 por ciento (un 60 por ciento en el caso de las rentas superiores a los 100.000 euros), mientras que los mutualistas aportan un 30. En el caso de los pacientes crónicos, la aportación es igualmente del 10 por ciento, con topes máximos mensuales.
La propuesta del sindicato también propone un copago farmacéutico común para las personas trabajadoras en activo. En la actualidad, los trabajadores en activo dependientes de la Seguridad Social realizan una aportación entre el 40 y el 60 por ciento, en función de la renta, mientras que para los mutualistas es fija en el 30 por ciento, tanto si están activos o jubilados.
En la comparación con el resto de trabajadores del RETA, CSIF reclama la eliminación de “cualquier tipo de discriminación en la prestación asistencial”.
En cuanto a las denominadas clases pasivas, el régimen público de pensiones específico para proteger a los funcionarios civiles y militares frente a la jubilación, la incapacidad y el fallecimiento, el sindicato reclama un “incremento de los haberes regulados en las pensiones”, incentivos para el retraso voluntario de la jubilación y la aplicación del complemento de brecha de género a estas jubilaciones voluntarias.