Por Medicina Responsable
26 de mayo de 2026El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la propuesta de distribución territorial de 232,4 millones de euros destinados a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para reforzar la Atención Primaria (AP) y Comunitaria durante el ejercicio presupuestario de 2026 y para impulsar la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
La primera iniciativa supondrá un desembolso de 172.425.000 euros y busca continuar desarrollando las actuaciones previstas en el Marco Estratégico de AP y Comunitaria (MAPyC) y consolidar las líneas de trabajo recogidas en el Plan de Acción 2025-2027. Por otro lado, el segundo de los proyectos, dotado con 60.058.000 euros, pretende seguir incrementando dicha cobertura en los colectivos priorizados e iniciar la incorporación progresiva de las personas mayores de 65 años como nuevo grupo beneficiario de estas prestaciones.
Además, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, el primer marco normativo a nivel estatal "completo, transparente y coordinado" para analizar medicamentos, productos sanitarios y otras tecnologías utilizadas en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y así poder tomar decisiones de gestión. Además, servirá para adaptar el modelo español al reglamento europeo y prohibir las duplicidades de evaluaciones clínicas.
El abordaje integral de la AP
Entre las actuaciones financiadas destacan la ampliación de procedimientos diagnósticos accesibles desde AP, la optimización de procesos administrativos, el impulso de herramientas de inteligencia artificial orientadas a la transcripción conversacional en consulta y la renovación de infraestructuras y equipamientos clínicos.
Asimismo, los créditos permitirán reforzar la capacidad diagnóstica de infecciones de transmisión sexual, impulsar programas de salud comunitaria y escuelas de salud para la ciudadanía, avanzar en sistemas de notificación de incidentes relacionados con la asistencia sanitaria y promover revisiones estructuradas y seguras de la medicación en personas con enfermedades crónicas complejas y polimedicación.
El Plan de Acción 2025-2027 también contempla medidas específicas para la detección temprana de la violencia de género desde Ap, la implementación de recomendaciones de humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia, así como actuaciones orientadas a la prevención de la exposición al alcohol durante el embarazo y la lactancia.
Los criterios de distribución territorial de los fondos se basan principalmente en la población protegida equivalente, con ponderación adicional de variables geográficas como superficie, dispersión e insularidad. El acceso al 100 % de los créditos condicionados estaba vinculado al cumplimiento de compromisos en recursos humanos y estabilidad docente; y, tras verificar que las comunidades autónomas de régimen común y el INGESA cumplen con los 4 requisitos, todas han sido autorizadas para recibir la totalidad de esos fondos en este ejercicio.
Más cobertura infantil y juvenil
Respecto a la ampliación de la cartera común de los servicios de salud bucodental, esta forma parte de las líneas estratégicas acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para reforzar la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias. El plan prioriza especialmente a la población infantil y juvenil, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con procesos oncológicos cervicofaciales.
El acuerdo aprobado contempla que el 10% de los fondos se distribuya atendiendo al peso poblacional de las personas mayores de 65 años en cada comunidad autónoma e INGESA, mientras que el 90% restante se destinará a consolidar la atención en los colectivos ya priorizados.
Asimismo, los criterios de distribución incorporan variables ponderadas según los distintos grupos de población atendidos, incluyendo menores de 0 a 14 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33% y pacientes diagnosticados de procesos oncológicos del territorio cervicofacial.
Respecto a los fondos, deberán ejecutarse hasta el año 2028 y las comunidades autónomas e INGESA deberán remitir información periódica sobre el grado de ejecución y los indicadores de cobertura y actividad asociados al programa.
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