
Por Medicina Responsable
30 de abril de 2026La propuesta del Gobierno para blindar el aborto en la Constitución ha pasado este jueves el primer examen en el Congreso de los Diputados, aunque con críticas de los socios. Los grupos parlamentarios han rechazado las enmiendas a la totalidad del PP y Vox que pedían devolver la reforma, con 177 votos en contra (PSOE y socios) y 171 a favor (PP, Vox y UPN).
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de abril el proyecto de ley para reformar la Constitución e incluir un nuevo apartado 4 al artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud, para consagrar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y obligar a los poderes públicos a garantizar su prestación en condiciones de igualdad.
En defensa de la reforma del Ejecutivo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apelado al "diálogo" para blindar el aborto en la Constitución y ha pedido un "debate riguroso y honesto". "Y creo, honestamente, que no sería honesto hurtar al Parlamento de lo que constituye su esencia, el diálogo, el debate de ideas, la exposición de múltiples puntos de vista. Especialmente, señorías, en un momento histórico en el que el enfrentamiento se ha adueñado del espacio público y donde el exabrupto nos aleja del sentir común, del interés general, que sí es posible alcanzar con diálogo y consenso", ha asegurado.
La ministra se ha referido al PP, al que ha pedido abandonar su "incomodidad" ante este debate. "Señorías del Partido Popular, créanme, están a tiempo de volver a la senda de la defensa de los derechos de las mujeres, debatamos esta propuesta, confrontemos ideas, busquemos acuerdos. Retiren su enmienda a la totalidad, sean como lo han sido en otro tiempo, un partido de Estado", ha expuesto.
Redondo ha insistido en que el objetivo es evitar desigualdades territoriales y "posibles retrocesos". También ha denunciado que algunas mujeres se ven "obligadas" a desplazarse fuera de su comunidad o incluso al extranjero -como a Bruselas- para poder interrumpir embarazos. "Ninguna mujer debería verse obligada a pasar por una situación así cuando simplemente quiere ejercer su derecho", ha subrayado.
En defensa de las enmiendas a la totalidad, Silvia Franco, del PP, ha tachado la reforma de "desacertada", de "error político y jurídico" y de "un instrumento para la supervivencia política" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Nuestra Constitución es el pilar que sostiene la estabilidad. No es patrimonio de ningún partido ni está al servicio de ninguna estrategia partidista", ha afirmado.
La portavoz popular ha calificado el procedimiento elegido por el Ejecutivo para llevar a cabo la reforma como un "atajo", al entender que el procedimiento "se convierte en la causa y no en la consecuencia del contenido de la reforma". "Esta reforma es el último artificio de un Gobierno acorralado por la corrupción, debilitado por los escándalos que tiene la confianza ciudadana erosionada y que además tratan ustedes de hacerlo agitando una bandera feminista que no les pertenece, porque no les pertenece", ha asegurado. Además, ha pedido al Gobierno retirar la propuesta.
Igualmente, Franco ha recalcado que el acceso a la intervención voluntaria del embarazo "está garantizado" en España y ha pedido al Gobierno que deje "de meter miedo" a las mujeres sobre esta cuestión. "Lo que ustedes traen aquí es un triple fraude. Un fraude a la Constitución, un fraude a las mujeres y un fraude a los españoles", ha añadido.
Por su parte, el portavoz de Vox, Joaquín Robles, ha calificado la reforma de "propagandística" y ha acusado al Gobierno de impulsar un "debate artificioso" con fines electorales. También ha cuestionado el procedimiento elegido para la reforma constitucional, al considerar que se busca evitar la vía agravada y ha advertido de posibles conflictos con derechos fundamentales como el derecho a la vida.
En esta misma línea, Robles ha cargado contra el Ejecutivo por, a su juicio, utilizar este debate para "ocultar su ineficacia y su escandalosa corrupción". "Si de verdad quisieran defender a las mujeres españolas, reforzarían la seguridad en las calles, impondrían penas severas, en lugar de rebajarle las condenas. Protegerían nuestras fronteras, evitarían la penetración de doctrinas que consideran inferior a la mujer, apoyarían la natalidad y castigarían con el máximo rigor penal la violencia contra las mujeres, en lugar de venir con puntos violetas e inútiles e improbables reformas de carácter imprudente, fraudulentas en su trámite y contrarias a la construcción de los derechos fundamentales", ha señalado.