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Las comunidades elevan la presión sobre Sanidad por la huelga y exigen una negociación inmediata: “Es una dejación de responsabilidades”

Varios gobiernos autonómicos responsabilizan al Ministerio del conflicto y alertan del impacto que ya está teniendo en los sistemas de salud

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Las comunidades elevan la presión sobre Sanidad por la huelga y exigen una negociación inmediata: “Es una dejación de responsabilidades”
Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 12 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Por Nuria Cordón

17 de marzo de 2026

Las comunidades autónomas han intensificado su presión sobre el Ministerio de Sanidad ante la segunda jornada de huelga médica que durará hasta el próximo viernes 20 y el creciente malestar por el borrador del nuevo Estatuto Marco. Desde distintos gobiernos regionales reclaman a Mónica García que abra una negociación real con los facultativos, escuche a todas las categorías sanitarias y ponga fin a un conflicto cuyas consecuencias, denuncian, recaen sobre los pacientes y sobre los servicios de salud autonómicos.

El pronunciamiento más duro ha llegado desde Andalucía. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha acusado a la ministra de hacer perder a la comunidad más de medio millón de actos médicos y 77 millones de euros en las dos huelgas celebradas hasta ahora en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Sanz ha lamentado la “soberbia y prepotencia” de García y ha calificado la situación de “insostenible e inaceptable”. A su juicio, existe una “dejación de responsabilidades” por parte del Ministerio que acaban pagando las comunidades autónomas. “Andalucía apoya a los médicos, los comprendemos”, ha asegurado, antes de reprochar que el conflicto esté perjudicando a los pacientes: “No se merecen este trato ni esta nefasta gestión”.

También Madrid ha elevado el tono contra el departamento que dirige García. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha advertido de que el Ministerio debe escuchar “la voz de todas las categorías sanitarias” ante lo que ha definido como la “peor huelga indefinida de médicos”.

Matute ha reclamado que el Estatuto Marco vaya acompañado de una memoria que garantice su “viabilidad técnica, jurídica y económica”, elaborada junto a los ministerios de Hacienda, Trabajo y Función Pública. De lo contrario, ha advertido, Sanidad podría terminar imponiendo “algo que administrativamente no se va a poder cumplir y va a frustrar a todo el mundo”. La consejera madrileña también ha acusado a la ministra de llevar “la confrontación no solo a las calles sino entre categorías y administraciones”.

Desde Galicia, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha insistido en que la voluntad de diálogo de la Xunta es “clara”, pero ha recordado que las cuestiones clave del Estatuto Marco dependen del Ministerio. “Que cada uno asuma sus responsabilidades”, ha señalado, en referencia al Gobierno central.

El responsable sanitario gallego también ha afeado a Mónica García su “falta de sensibilidad” para reunirse con los profesionales e intentar cerrar un acuerdo “lo antes posible”.

El portavoz del Gobierno regional de la Rioja, Alfonso Domínguez, también ha pedido al Ejecutivo central que se siente a negociar con los médicos ante una huelga que, según ha señalado, está teniendo un “seguimiento significativo” en la comunidad. Domínguez ha advertido de que el paro está afectando a la actividad asistencial y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico entiende “la frustración de los pacientes” ante la cancelación de consultas, pruebas diagnósticas o intervenciones. En esta misma línea se ha mostrado el consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, quien ha advertido que si se cumplen todas las semanas de huelga que proponen los médicos, cuyo impacto asistencial ya está siendo "terrible", "nos acercaremos a daños de la pandemia (del Covid)". Por ello, ha exigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "ejerza de ministra y que se siente a negociar, que es su obligación" porque es "la responsable" de la huelga médica, que "está haciendo un daño muy importante al Sistema Nacional de Salud".

En concreto, Pascual calcula que se van a perder más de 20.000 consultas en Atención Primaria, casi 10.000 consultas en atención hospitalaria y entre 700 y 900 intervenciones quirúrgicas.

Por último, el director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, el Servicio de Salud de País Vasco, Koldo Berganzo, ha reivindicado el trabajo de los profesionales sanitarios y ha recordado que la sanidad pública “no es un eslogan”, sino “una responsabilidad enorme”. Berganzo ha subrayado que el sistema sanitario “funciona y responde incluso cuando las circunstancias son difíciles” gracias al trabajo diario de miles de profesionales, y ha defendido la necesidad de proteger y fortalecer ese sistema.

La ministra se mantiene en su postura

Lejos de acercar posturas, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que las principales reclamaciones de la profesión médica ya están recogidas en la reforma del Estatuto Marco y, por tanto, teme que la huelga se mantenga por "motivaciones políticas", más que por las demandas de los propios profesionales. "Igual algunas de tienen que ver con motivaciones políticas más que con motivaciones realmente de representar a los profesionales sanitarios, que están legítimamente reivindicando una serie de mejoras que ya están plasmadas en el Estatuto Marco", señaló tras participar en el acto “Tus derechos no se rebajan, se defienden”, en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid.

En cualquier caso, García se ha mostrado partidaria de seguir dialogando pero ha pedido que "desescalen el conflicto", ya que las comunidades autónomas tienen competencias en las peticiones de los sindicatos y hay que "abrir otras nuevas vías de solución del diálogo". Así, ha recordado que se va a abrir la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, donde se verán plasmadas otra serie de reivindicaciones, pero "le toca también el turno a las comunidades autónomas para hacer realidad todas esas reivindicaciones".

 

 



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