Por Virginia Delgado
5 de abril de 2024A pocas horas de que se apruebe el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027, las comunidades autónomas han trasladado al Ministerio de Sanidad su postura. Una opinión que no se tendrá en cuenta, ya que, como manifestó este departamento, el plan no se someterá a votación y se hará mediante un acuerdo de cooperación. Una fórmula que contempla el reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España (CISNS).
Después de mucho debatir, no ha habido consenso. La mayoría de las comunidades autónomas han criticado el plan antitabaco. Sólo cinco lo apoya; Cataluña, Canarias, País Vasco, Navarra y Asturias,
La comunidad foral lo hace con reservas, ya que considera que falta información y desconoce hasta dónde puede llevar el desarrollo de la normativa, en cuanto a legislar en espacios privados y públicos.
Galicia, Madrid, Aragón y Extremadura han lamentado que se descarte la autorregulación de las zonas sin humo. Desde la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso, se cree que la Comisión de Salud Pública no es competente para llevar a cabo la votación, al exceder de las funciones atribuidas reglamentariamente a este órgano.
El Gobierno de Aragón, por su parte, ha rechazado sumarse al plan antitabaco porque considera que no es el momento de “darlo por terminado” y ha pedido "trabajarlo con rigor". Para Extremadura, lo primordial es "abrir un debate" en la reunión del CISNS, que se celebra hoy.
Una de las cuestiones que se plantearon en las alegaciones al plan fue el apoyo económico a las comunidades. Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana echan en falta un texto aclaratorio que especifique la partida. “Es necesaria una memoria económica justificativa, cosa que el Ministerio de Sanidad no ha presentado", ha lamentado el conseller valenciano de Sanidad, Marciano Gómez.
La postura en contra de Cantabria se debe al poco rigor que ven al Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027. "No nos parece serio, creemos que si se hace un plan tiene que ser con todas las consecuencias y con el consenso de las comunidades, y no deprisa y corriendo y modificando los documentos como se está haciendo permanentemente", ha manifestado el consejero de Salud cántabro, César Pascual. Una opinión que respalda Castilla y León. “Ha sido equivocado que se hayan dado 24 horas para decidir si se apoya o no”, ha comentado un portavoz.
El Ministerio de Sanidad ha asegurado que el plan se verá reflejado “próximamente” en una ley y que las CC.AA. podrán instaurar alguna medida en la normativa estatal antes de su desarrollo. “Tendrán un aval", han subrayado.
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