La brecha del aborto en España, según el código postal: estas son las desigualdades que la nueva ley busca solventar

El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en España es un derecho desde hace 16 años, cuando se reconoció de forma plena mediante la Ley Orgánica 2/2010. Sin embargo, en la práctica, ejercerlo no depende únicamente de los requisitos legales, sino también del lugar de residencia. Esto se debe a que, aunque la legislación estatal establece un marco común, son las comunidades autónomas quienes se responsabilizan de organizar las prestaciones sanitarias. Y es aquí donde aparecen las diferencias.

Para poner fin a dichas desemejanzas, el 7 de abril el Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de reforma del apartado 43 que blinda el aborto en la Constitución. De esta manera, el Gobierno busca garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, e independientemente del código postal. “Es clara la diversidad entre territorios en los que se practica el aborto en la sanidad pública”, advertía la ministra de Igualdad, Ana Redondo, haciendo referencia a que, en lugares como Cantabria o La Rioja, el 60% de los procedimientos se dan en el Sistema Nacional de Salud (SNS), mientras que, en Madrid o Andalucía, “no llegan ni al 1%”.

Sea como sea, el mapa nacional de las prestaciones al aborto desvela una red desigual de servicios y circuitos asistenciales, diferencias importantes entre el peso de la sanidad pública y la privada en los territorios y dispares accesos a técnicas y derivaciones a centros concertados.

Un mismo derecho, 17 formas de ejercerse

Según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad en el informe anual sobre el número de interrupciones voluntarias del embarazo, en el año 2024 se registraron 106.172 abortos en España, de los cuales el 21,25% (22.563 procedimientos) fueron en centros públicos y el 78,75% (83.609 procedimientos) en privados.

Aunque las cifras muestren que la gran mayoría de las mujeres se decantan por el ámbito privado, no en todas las comunidades autónomas prevalece esta decisión. De hecho, en Cantabria, Galicia, La Rioja, Navarra y Cataluña se impone el sistema público, hasta en un 88,5% en el caso del territorio cántabro.

En el otro extremo de la tabla, Catilla-La Mancha, Madrid y Andalucía solo ejecutan entre un 0,5 y un 0,2% de todos los procedimientos por la vía pública. Extremadura, por su parte, destacó en 2024 por ser la única comunidad autónoma donde el 100% de los casos se derivaron a centros privados, registrando 1.487 abortos.

Otro ejemplo es Ceuta y Melilla, que han mantenido históricamente barreras extremas para el aborto en la sanidad pública. Sin embargo, el pasado mes de febrero, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, anunció que por primera vez en la historia el 90% de las solicitudes se tramitaron por la pública. "Es la primera vez en la historia del servicio público de salud de Ceuta que las mujeres ceutíes pueden acceder a esta prestación en el Hospital Universitario de Ceuta", afirmaba el 24 de febrero.

Más allá de lo público y lo privado

Pero, más allá de la prevalencia de lo público y lo privado, se dan otras diferencias que condicionan la igualdad en las prestaciones. Entre ellas destacan el acceso real a este derecho, ya que en algunos territorios las mujeres deben desplazarse a otras provincias o incluso comunidades autónomas para abortar, y en otros casos son derivadas a clínicas privadas.

En este punto también entra en juego la disponibilidad de profesionales y la organización de los equipos, ya que la falta de formación o la alta objeción de conciencia hacen que la mayoría de los abortos se realicen en clínicas privadas. Este es el caso de la Comunidad de Madrid, cuya Administración se ha negado a crear el registro de objetores al aborto durante meses.

Por último, también cambian aspectos como los tiempos de acceso, la información disponible y el acompañamiento sanitario. Algunas comunidades ofrecen circuitos claros desde atención primaria y tiempos más rápidos, mientras que en otras hay más retrasos, derivaciones y dificultades para orientarse dentro del sistema. En conjunto, esto hace que, aunque la ley sea estatal, el aborto funcione en la práctica como un servicio con niveles de accesibilidad muy distintos según el territorio.

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