ASPE aplaude la decisión de contar con el apoyo de la sanidad privada para atender a extranjeros

“Un gran acierto”. Así define Carlos Rus, presidente de la patronal de la sanidad privada ASPE, la decisión del Gobierno balear de aprovechar los recursos de los centros y servicios sanitarios privados para atender a ciudadanos comunitarios y británicos desplazados temporalmente a las Islas Baleares. “Con esta medida se actúa de manera inteligente, ya que esta gestión eficaz y colaborativa contribuirá a ofrecer una mejor asistencia a estos pacientes, que podrán beneficiarse de una mayor accesibilidad. Conseguiremos, entre todos, favorecer la descongestión de los servicios públicos de salud”, manifiesta. 

Concretamente, en las Islas Baleares los centros privados estarán habilitados para ofrecer a este colectivo atención en procesos de especial relevancia, como el código ictus, el código infarto y la atención al trauma grave.

Esta decisión del Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB Salut) está recogida en el Decreto ley 1/2024, de 22 de marzo, por el que se regulan determinados aspectos de la actividad sanitaria urgente y emergente de la comunidad insular. Así, establece la creación de una Red de Centros y Servicios de Apoyo para estos ciudadanos comunitarios y británicos, siempre que dispongan de tarjeta sanitaria europea en vigor y que no cuenten con un seguro privado o de viaje.

Carlos Rus confía en que iniciativas como esta “sirvan de ejemplo a otras comunidades autónomas como modelo de colaboración eficiente” y destaca cómo el sector privado de la salud “es un recurso de gran valor para asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, demostrando su importancia ante cualquier situación y necesidad que pueda surgir.

Respecto a la financiación de los servicios que atiendan a ciudadanos comunitarios y británicos desplazados temporalmente a las Islas Baleares, estará restringida al equivalente al 65% de las tarifas públicas vigentes en ese momento, en base a los servicios efectivamente prestados, tras las debidas revisiones y verificaciones por parte del Servicio de Salud. El restante 35% corresponderá a los costos que el Servicio de Salud deberá asumir para llevar a cabo las tareas de gestión relacionadas con esta actividad.

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