El sentido de la culpa y de la responsabilidad

Quienes ejercemos la medicina convivimos diariamente con el error, la incertidumbre y la responsabilidad. Sabemos que una decisión equivocada puede tener consecuencias irreparables, pero también que no siempre existe una relación sencilla entre el daño producido, la culpa individual y la responsabilidad de quienes tenían la obligación de prevenirlo.

El accidente ferroviario de Urda nos enfrenta a una tragedia que ha dejado vidas truncadas, familias destrozadas y una sociedad conmocionada. Ante acontecimientos de esta naturaleza, necesitamos encontrar explicaciones y, con demasiada frecuencia, también culpables. Parece que señalar a alguien nos ayuda a comprender lo incomprensible.

Sin embargo, existe una diferencia esencial entre buscar la verdad y necesitar un culpable. La primera exige rigor, serenidad y pruebas; la segunda puede estar condicionada por la precipitación, las emociones o intereses ajenos al sufrimiento de las víctimas.

En medicina sabemos que un acontecimiento adverso grave rara vez puede explicarse examinando exclusivamente la última actuación de un profesional. Detrás de un error pueden existir protocolos inadecuados, falta de recursos, deficiencias organizativas o fallos de supervisión. Responsabilizar únicamente al médico que intervino puede convertirse en una manera de ocultar las debilidades de todo un sistema.

La medicina moderna ha desarrollado una cultura de seguridad que no pretende eliminar la responsabilidad individual, sino comprender todos los factores que contribuyeron al daño. Reconocer los errores, investigarlos y adoptar medidas para evitar su repetición constituye una obligación ética. Este mismo principio debería aplicarse a quienes dirigen y supervisan los servicios públicos como es en este caso el ministro de Trasportes y a los directivos de Adif.

Porque la culpa y la responsabilidad no son conceptos equivalentes. La culpa intenta determinar quién actuó incorrectamente; la responsabilidad exige preguntarse, además, quién tenía la obligación de prevenir el daño, quién debía supervisar y quién debe responder por las deficiencias del sistema.

En una tragedia como la de Urda pueden concurrir responsabilidades de distinta naturaleza. Las penales corresponden a los tribunales; las técnicas y administrativas exigen investigar los sistemas de seguridad, los protocolos y la organización y las políticas obligan a quienes gobiernan a responder por la gestión de los servicios públicos bajo su competencia, aunque no hayan intervenido directamente en los hechos.

Si se confirman advertencias desatendidas, protocolos insuficientes, carencias de formación o deficiencias en la supervisión, no bastará con identificar el error del último profesional implicado. Habrá que examinar también la actuación de los responsables de Adif y del Ministerio de Transportes, y exigir las responsabilidades políticas, técnicas o administrativas que correspondan.

Señalar exclusivamente al último eslabón de la cadena puede resultar profundamente injusto y convertirse en una forma de eludir las responsabilidades de quienes tenían la obligación de garantizar la seguridad colectiva.

Como médico, considero que asumir responsabilidades no es necesariamente reconocer una culpa penal. Es aceptar que dirigir una institución implica responder por sus decisiones, sus omisiones y sus consecuencias.

La culpa mira hacia atrás y pregunta quién falló. La responsabilidad, sin renunciar a esa pregunta, mira también hacia adelante y nos obliga a preguntarnos qué debemos cambiar. Solo cuando ambas encuentran su lugar, la verdad puede convertirse en justicia y el dolor, sin desaparecer jamás, en una lección compartida. 

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