La sanidad madrileña que Mónica García no entiende

El reciente intercambio en X entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y la ministra de sanidad no es especialmente relevante por su tono, habitual en el actual debate político, sino por el fondo que deja entrever. En su respuesta, la ministra formula una pregunta aparentemente lógica, planteando si al destacar determinados hospitales se está insinuando que el resto, los de gestión pública directa, tienen peores resultados. La cuestión, sin embargo, no solo parte de una simplificación, sino que revela un problema más profundo, que no es otro que el desconocimiento del funcionamiento real del sistema sanitario madrileño que tiene la aspirante a presidir la Comunidad de Madrid.

Esta distinción es esencial porque permite entender lo que el tuit pasa por alto. Los hospitales públicos de gestión privada integrados en el SERMAS no son una anomalía ni un cuerpo extraño dentro del sistema público madrileño. Son hospitales públicos, atienden a pacientes del sistema público y funcionan bajo un marco contractual riguroso, supervisado por la consejería de sanidad. Su actividad está sujeta a objetivos, indicadores, estándares de calidad y resultados evaluables, lo que desmiente la idea, implícita en muchos discursos, de que exista una suerte de espacio sin supervisión o de menor exigencia.

A partir de ahí, el planteamiento que subyace en el tuit pierde consistencia. No tiene sentido contraponer gestión pública y gestión privada como si se tratara de modelos enfrentados cuando ambos operan dentro de un mismo sistema, bajo una misma autoridad reguladora y con unas reglas comunes. La sanidad madrileña no funciona a base de compartimentos estancos, sino mediante la integración de recursos diversos que, precisamente por esa combinación, permiten sostener niveles de actividad y de calidad asistencial que se sitúan de manera recurrente entre los más altos del país. Y el paciente se beneficia de esa actividad sanitaria, la reciba donde la reciba, sin conocer necesariamente quién la gestiona y cómo.

Y es en este punto donde el prejuicio sustituye al análisis. Porque la crítica a la gestión privada no se construye sobre la evidencia de unos peores resultados, sino sobre una premisa ideológica que da por hecho aquello que luego intenta demostrar. Sin embargo, los datos disponibles apuntan en la dirección contraria. Los hospitales de la Comunidad de Madrid, tanto de gestión pública directa como aquellos con fórmulas de gestión privada o privada pura, aparecen de forma habitual en los primeros puestos de los rankings de calidad asistencial. No se trata de casos aislados, ni de situaciones excepcionales, sino de una pauta sostenida en el tiempo que refleja el rendimiento conjunto del sistema.

Ese mismo sesgo explica también la tendencia a simplificar o a omitir elementos que no encajan en el relato. Se pasa por alto que existen centros como el Hospital Central de la Defensa, de titularidad pública, integrado en el sistema mediante convenio, igual que la Fundación Jiménez Diaz de Quirón Salud, y que atiende a pacientes con tarjeta sanitaria madrileña sin depender de la gestión directa del SERMAS. Y además la diligente de SUMAR, suma mal los hospitales del SERMAS y los reduce a 32, cuando la página Web de la Consejería le puede indicar que son 34 y varios más asociados a estos mismos hospitales entre los que está el Hospital Enfermera Isabel Zendal, de gestión pública directa, pero eso no le interesa después de que en su día intentara boicotear su puesta en marcha con poco éxito, ya que se consiguió atender y dar de alta a más de 10.000 pacientes en lo peor de la pandemia en ese hospital, contribuyendo de manera decisiva a aliviar la presión asistencial del conjunto del sistema y hoy atiende a pacientes de ELA engañados y olvidados por su ministerio.

El problema, por tanto, no es una cifra discutible ni una formulación desafortunada en un tuit. El problema es la mirada desde la que se construye ese mensaje, una mirada condicionada por un dogmatismo que simplifica la realidad hasta hacerla irreconocible. Cuando el análisis parte de la necesidad de encajar los hechos en una idea previa, lo que no encaja se elimina, se minimiza o se ignora. Y en el caso de la sanidad madrileña, eso implica dejar fuera una parte esencial de su funcionamiento y de sus resultados.

Resulta legítimo discrepar de un modelo sanitario, cuestionar sus decisiones o proponer alternativas. Lo que no resulta admisible es hacerlo desde el desconocimiento o desde la negación de cómo opera realmente. Porque en ese punto el debate deja de ser técnico o político y pasa a ser, simplemente, una construcción narrativa desconectada de la realidad. Y difícilmente se puede mejorar aquello que no se comprende.

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