Por Miguel Ángel Bufalá, médico internista
4 de octubre de 2026El próximo 28 de octubre está convocada, para todo el Estado, una huelga indefinida de médicos y facultativos de Sanidad, y no parece que las posturas de los siete sindicatos médicos (por supuesto, sin el apoyo de CC. OO. ni de UGT, más bien al contrario) y el Ministerio de Sanidad se aproximen.
Recordamos que uno de los principales puntos de desacuerdo es la reclamación de un Estatuto propio para médicos y facultativos, con un marco específico, basado en características propias como la formación, responsabilidad, guardias, etc., frente a uno común para todos los trabajadores sanitarios. El Ministerio ofrece algunas medidas propias para médicos y facultativos, insuficientes para los profesionales. Se añaden a la desavenencia puntos importantes de carácter salarial y laboral como la jornada (35 horas máximo), las retribuciones, la duración de las guardias, la obligatoriedad o no de realizarlas y su repercusión en la jubilación, la clasificación profesional por méritos y un largo etcétera de flecos.
Para embarrar más el conflicto, no olvidemos que las comunidades autónomas tienen transferidas muchas atribuciones e incluso hay conflictos cruzados, como ocurre en la Comunidad de Madrid, por discrepancias en ciertas condiciones laborales.
En el momento actual, además, hay tres situaciones muy importantes: que el proyecto ministerial ya está en el Congreso para su tramitación parlamentaria; que la actual ministra es candidata para las próximas elecciones (2027) a la Presidencia de la Comunidad de Madrid; y algo nuevo y rodeado de una enorme incertidumbre: el presidente del Gobierno está hoy meditando la posibilidad de convocar elecciones generales anticipadas y Mónica García parece la favorita para encabezar una candidatura muy de izquierdas, como Sumar o similar.
En cualquier caso, con o sin causa justificada, la muy difícil unidad, casi unánime, de los médicos y facultativos para, después de muchos años, mostrar fortaleza en sus reivindicaciones, en beneficio laboral propio y al unísono con una clara mejora asistencial, podría quedar bloqueada una vez más, con el consiguiente aumento de la desconfianza entre la Administración pública y el vértice de los trabajadores sanitarios, el incremento de la desilusión de estos y, secundariamente, el riesgo de deterioro asistencial.
Por el contrario, y de forma optimista, la situación general de la política nacional puede precipitar el deseado cierre del conflicto. Sería de agradecer por profesionales y usuarios.
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