Cuando la política enferma a la sanidad

Gobernar la sanidad nunca ha consistido en imponer. Ha consistido siempre en escuchar. Por eso resulta difícil entender que, después de meses de rechazo por parte de una parte importante de la profesión médica y de varias comunidades autónomas, Mónica García siga negándose a reabrir la negociación del Estatuto Marco.

El problema ya no es únicamente el contenido de esa norma. El problema es una forma de ejercer el poder. La sensación de que quien discrepa pasa a ser un adversario y no un interlocutor. Y esa es una mala noticia para cualquier organización, pero especialmente para la sanidad.

He pasado años gestionando hospitales y servicios sanitarios. He aprendido que las decisiones importantes nunca salen adelante por imposición. Salen adelante cuando quienes tienen que aplicarlas sienten que han sido escuchados. Un hospital funciona gracias al trabajo coordinado de médicos, enfermeras, técnicos, administrativos y gestores. Cuando desaparece la confianza, el sistema empieza a resentirse.

Lo que ya está claro es que esta forma de gobernar no parece limitarse al Ministerio de Sanidad. En los últimos días, durante los graves incendios que han afectado a distintas zonas de España, el ministro Óscar Puente volvió a situar el enfrentamiento político en el centro del debate público mientras los servicios de emergencia trabajaban sobre el terreno. No es un hecho aislado. Es una forma de hacer política que parece haber convertido la confrontación en una estrategia permanente.

Ese clima impostado está también en la sanidad. Se sustituyen los acuerdos por los reproches, el diálogo por la imposición y el consenso por el cálculo político. Mientras tanto, siguen sin resolverse los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos y a los profesionales.

La sanidad española necesita exactamente lo contrario. Necesita liderazgo, capacidad de diálogo y respeto hacia quienes mantienen el sistema en funcionamiento cada día. Escuchar nunca ha sido un síntoma de debilidad. Al contrario. Es la primera obligación de cualquier responsable público.

He tenido la suerte de trabajar con responsables públicos que entendían la gestión de otra manera. Durante la pandemia, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el doctor Ruiz Escudero, tuvo que tomar decisiones extraordinariamente difíciles en circunstancias excepcionales. Lo hizo con firmeza y con determinación cuando era necesario, pero también escuchándonos a profesionales, gerentes, sociedades científicas y administraciones. Se podía estar de acuerdo o no con algunas decisiones, pero nunca faltó el diálogo ni la voluntad de construir consensos. Esa es, precisamente, la diferencia entre ejercer la autoridad y limitarse a imponerla.

Todavía hay tiempo para rectificar. Reabrir una negociación cuando una parte importante del sistema lo reclama no sería una cesión, sino un ejercicio de responsabilidad. Porque un ministro de Sanidad debería ser recordado por su capacidad para unir a profesionales e instituciones, no por “liarla parda”. La política puede permitirse muchas cosas. La sanidad, sencillamente, no.

 

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