Otra vez los pacientes como munición política

Una lista de espera no es una enfermedad ni un problema en sí. Es un indicador que muestra cuánto tarda el sistema en ofrecer una consulta, una prueba o una intervención. La dificultad surge cuando la demora perjudica la salud o rompe la equidad. Treinta días pueden ser inaceptables ante una patología grave, mientras que mucho más tiempo quizá resulte asumible para una cirugía que no compromete la vida, aunque genere molestias.

Ordenar esos plazos exige criterio clínico. Eso fue lo que hizo el doctor Basilio de la Torre, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Vio que algunos pacientes considerados preferentes llevaban más tiempo del previsto y revisó si esa prioridad seguía justificada. Es una decisión propia de quien dirige un servicio y se toma diariamente en cualquier hospital de toda España. Cada médico valora a sus pacientes, pero alguien debe organizar el trabajo, aplicar criterios comunes y decidir qué casos deben operarse antes y por quién. Esa es la competencia y obligación del jefe de servicio.

Se puede discrepar, pero no convertir el desacuerdo en una campaña que airea casos clínicos y difunde un descontrol inexistente. La condición estatutaria protege la independencia profesional, pero no exime del respeto a la organización ni de los deberes éticos del médico.

AMYTS tenía derecho a denunciar la presión política sobre los indicadores y la falta de recursos. Pero su secretaria general fue mucho más lejos. Presentó los cambios de prioridad como una práctica generalizada de “ingeniería” o “maquillaje”, el mismo mensaje demagógico que tiene la ministra cuando se trata de Ayuso. En el Ramón y Cajal no fueron funcionarios administrativos quienes alteraron una estadística, sino médicos con responsabilidad clínica quienes revisaron la situación de varios pacientes. Confundir una decisión médica y organizativa con una falsificación resulta profundamente irresponsable. Un sindicato médico conoce esa diferencia y debe respetar las competencias de los jefes de servicio, que también son médicos, y esperar a que termine la investigación antes de señalar a nadie. Cuando no lo hace, no defiende a los profesionales que representa. Los desacredita y provoca una alarma innecesaria entre los pacientes.

La culminación llegó en LaSexta Xplica. José Yélamo no quiso escuchar al doctor De la Torre. Lo interrumpió e intentó obtener una acusación contra Ayuso. Delante tenía a un profesional de experiencia, pero sus explicaciones estropeaban el relato preparado.

Las demoras que dañan al paciente requieren soluciones. Lo inadmisible es convertir una decisión profesional en espectáculo televisivo y munición partidista contra Isabel Díaz Ayuso. Eso no protege a nadie ni mejora la sanidad. Sólo provoca miedo, desconfianza y descrédito.

 

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