Una ministra nociva para la salud

La otra noche terminé bastante enfadado. El Madrid acababa de perder contra el Betis y me dejó con un cabreo considerable. No he conseguido moderar mi madridismo, ni quiero. Como no conseguía dormirme, cogí el teléfono y me puse a leer noticias hasta que apareció una que consiguió algo que pocos minutos antes me habría parecido imposible, que me olvidara del arbitro. Una encuesta de la Asociación Nacional de Pacientes aseguraba que el 93% de los participantes consideraba que Mónica García debería dimitir por su gestión de la crisis sanitaria de Ceuta.

No me gustan las encuestas y reconozco que mi primera reacción fue pensar que algo tenía que estar mal. No por el 93%, sino por el 7%, porque después de todo lo ocurrido durante su paso por el Ministerio cuesta entender qué más tiene que suceder para que ese pequeño reducto termine de darse cuenta de quién dirige hoy la sanidad española.

Mónica García llegó al Gobierno con el personaje perfectamente construido. Médica, madre, activista y azote permanente de Isabel Díaz Ayuso, aunque la presidenta madrileña nunca pareció considerarla. Durante años contó además con sindicatos, plataformas y organizaciones encantados de coincidir con ella en las protestas sanitarias. Entonces todo resultaba bastante sencillo. Gobernaba el PP en Madrid y cualquier conflicto con médicos, enfermeras o sindicatos servía para cargar contra Ayuso y presentarse como defensora de la sanidad pública. El problema llegó cuando dejó de acompañar las protestas y comenzó a recibirlas a las puertas de su propio Ministerio. Las pancartas, al parecer, también vienen de vuelta.

Algunos sindicatos descubrieron entonces que aquella forma de hacer política que tan útil había resultado para desgastar al adversario era bastante menos agradable cuando ellos quedaban al otro lado. Los mismos médicos cuya indignación servía antes para cuestionar al Gobierno madrileño comenzaron a resultar incómodos cuando dirigieron sus reivindicaciones contra Mónica García. El conflicto por el Estatuto Marco ha terminado retratando esa contradicción mejor que cualquier explicación. Huelgas, manifestaciones, peticiones de dimisión y profesionales acusando al Ministerio de no escucharles mientras la ministra continúa hablando de diálogo. Ella habla y los demás o asienten o les acusa de no querer ver  la que ella decide que es la verdad.

Hay además algo que, como médico, me molesta especialmente. La facilidad con la que Mónica García recurre a la expresión “evidencia científica” para intentar revestir determinadas posiciones políticas de una autoridad que no tienen. La evidencia científica no es una fórmula retórica ni una palabra que pueda utilizarse para cerrar una discusión. En medicina significa metodología, estudios, resultados, grados de certeza y revisión constante para decidir qué procedimientos y tratamientos ofrecemos a nuestros pacientes. Que una ministra sea médica no convierte automáticamente sus decisiones políticas en científicas. Utilizar la evidencia de esa manera no fortalece la ciencia, la banaliza.

Y ejemplos de esa forma de gobernar no han faltado. Las autobajas de tres días, MUFACE convertido en otra batalla política, aquella afirmación de que los médicos cobraban como un ministro, el tropiezo inicial de la Agencia Estatal de Salud Pública o su permanente desconfianza hacia la colaboración público privada. Demasiada carga ideológica para un Ministerio en el que la gestión es lo principal.

Mientras todo esto ocurre, Mónica García ya ha decidido que quiere volver a Madrid y ser candidata a la Comunidad en 2027. Por eso cada vez resulta más difícil distinguir dónde termina la ministra de Sanidad y dónde comienza de nuevo la dirigente de Más Madrid pendiente de hacer oposición a Ayuso. El Ministerio empieza a parecer una estación de paso desde la que mantener viva una campaña política que nunca terminó.

Y entonces llegó Ceuta. Un territorio especialmente incómodo porque allí no existe una consejería autonómica a la que trasladar la responsabilidad. La asistencia sanitaria depende directamente del INGESA. Profesionales desbordados, miles de personas atendidas, recursos insuficientes y una ministra empeñada incluso en discutir que pudiera hablarse de colapso. Cuando ya no había un gobierno autonómico del PP al que señalar, apareció de pronto una extraordinaria capacidad para relativizar la realidad.

Por eso aquella noticia consiguió que me olvidara del árbitro. Decía que un 93% quería que Mónica García dimitiera y sigo pensando que algo no encaja. Me resulta absolutamente imposible creer que, después de todo lo ocurrido, todavía quede un 7% que no haya entendido que esta mujer está resultando profundamente nociva para la sanidad española.

 

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