Sin intendencia no hay asistencia

El actual Sistema de Financiación Autonómica data del año 2009. Desde sus orígenes fue un Sistema que no tuvo un alumbramiento brillante, toda vez porque se articuló para mejorar la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra) y, en su primera liquidación, arrojó un saldo negativo para estas de 18.736 millones de euros. No hay que olvidar el contexto de crisis económica sin precedentes en que nos movíamos. Escasamente un año antes, 15 de septiembre, la entidad financiera Lehman Brothers quebró siendo este el día de referencia de la crisis financiera de 2008.

El modelo preveía una revisión quinquenal, que no su obligación de modificación. Si bien, independientemente del color político de cada Comunidad Autónoma, siempre ha existido un amplio consenso de la necesidad de su actualización. La crisis económica primero, cuyos efectos se extendieron más allá de 2014. Posteriormente, la falta de mayorías en la Cortes Generales, la moción de censura del año 2018, y la pandemia por el covid 19, no favorecía un entorno de negociación para abordar la necesaria reforma de la financiación autonómica.

Pero ¿cómo afecta este Sistema de Financiación a la Sanidad? La norma reguladora, Ley 22/2009, establece que el llamado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales tiene por objeto asegurar que, cada Comunidad Autónoma recibe los mismos recursos por habitante ajustado para financiar los servicios públicos fundamentales esenciales del Estado de Bienestar. Este concepto de población ajustada es un elemento de conflictividad en una eventual reforma del Sistema entre las distintas Comunidades Autónomas, ya que la población real se modula en base a unos parámetros como son: población padrón, protegida equivalente a siete grupos de edad, población mayor de 65 años, población entre 0-16 años, superficie, dispersión e insularidad. Lógicamente, cada Comunidad Autónoma quiere ponderar de distinta manera estos factores en función de su singularidad.

Una vez que tenemos el ratio de habitante ajustado por Comunidad Autónoma, este se aplica sobre una cantidad de dinero, que viene determinado por dos conceptos: el 75% de la recaudación de los impuestos cedidos y de los que participa en la recaudación (caso del IRPF, IVA e Impuestos Especiales), y una aportación que realiza el Estado. En 2023, último ejercicio liquidado, el 75% de la recaudación de estos impuestos supuso 104.931 millones de euros y la aportación del Estado 11.576, lo que hace que el importe total de Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales sume 116.508 millones de euros.

El reparto de este Fondo genera aportantes y receptores, es decir “perdedores y ganadores”. Los aportantes netos son la Comunidad de Madrid (con 5.357 millones de euros), Cataluña (1.479) y Baleares (190). El resto son receptores netos. Esto no significa que los aportantes no participen de este Fondo, simplemente ingresan una cantidad menor de su 75% de recaudación de sus tributos cedidos.

El sistema establece otros fondos, como es el de Suficiencia, como fondo de cierre del Sistema, con un importe de 1.397 millones de euros y los llamados fondos de convergencia, para limar la diferencia de financiación entre Comunidades. Estos fondos se dividen en dos: Cooperación, dirigido a las comunidades menos dinámicas (2.941 millones de euros) y el de Competitividad, destinado a las más prósperas (4.978).

Ahora bien, si tomamos el dato de liquidación del presupuesto de las comunidades autónomas del ejercicio 2023, ultimo disponible en la web del Ministerio de Hacienda, solo el gasto sanitario de todas las Comunidades asciende a la cifra de 88.395 millones de euros. Es decir, del total del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (116.508), el 75% lo consume Sanidad, quedando sólo 28.113 millones de euros para financiar la Educación o los Servicios Sociales. Y solo el gasto en Educación fue de 52.603 millones de euros. Los números no salen.

La situación se complica si tenemos en cuenta el objetivo de déficit de las Comunidades Autónomas que el Estado ha establecido para 2026 en el -0,1% del PIB. 

Esta situación de insuficiencia presupuestaria, entorno de crisis financiera, pandemia, inflación y crisis institucional, ha generado, entre otras situaciones, que la deuda sólo de las Comunidades Autónomas según el Banco de España se sitúe en 338.804 millones de euros. Además de la del Estado, la Seguridad Social y Entidades Locales.

Como conclusión de todo ello, es la insuficiente financiación de las Comunidades Autónomas en general y en particular de la Sanidad, lo que provoca un déficit estructural es decir, la diferencia entre el gasto presupuestado sanitario y el real, en torno a un 15% o incluso en algún caso superior. Urge la necesidad de reforma el Sistema, bajo la premisa de un debate sereno. 

Ya en diciembre de 2016, siendo Alberto Nuñez Feijoo presidente de la Xunta de Galicia, manifestó la necesidad de una "pieza separada" sobre Sanidad en un hipotético pacto de financiación autonómica, porque supone más del 40% del presupuesto de las Comunidades Autónomas y, si no se contempla, el pacto quedará "cojo" y será "inservible" en pocos años.

Efectivamente, la Sanidad, en un nuevo modelo de financiación, ha de tener la importancia que merece por su volumen de gasto, que seguirá en ascenso por circunstancias como, entre otras: el envejecimiento de la población, la mayor cronicidad, la actualización de las remuneraciones del personal sanitario, el desarrollo de nuevos procesos sanitarios, la innovación farmacéutica, la implantación de la tecnología robótica o la reforma de nuestros centros de salud y hospitales. 

Viene a colación un principio militar fundamental: la intendencia gana las guerras. Con esta afirmación se subraya la importancia crítica de la logística, el abastecimiento y la administración. Sin financiación no hay intendencia y sin intendencia no hay asistencia.

 

 

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