Por Clara Bravo
11 de noviembre de 2024Desde el 30 de junio están prohibidas las llamadas comerciales, a teléfonos particulares, por parte de empresas con fines comerciales. Confieso que fui una de las tontas que creyó en la eficacia de las leyes, y sentí un alivio para no tener que responder a docenas de llamadas en las que te ofrecen cambiar tu tarifa de la luz, o proporcionarte el gas al precio de Emiratos Árabes Unidos, o el obsequio de arreglarte cualquier desperfecto, relacionado con la electricidad, a cambio de un seguro que se podría permitir incluso un sin papeles recién llegado.
Son muchas las empresas, pero quien me sobresalta más a menudo, quien está poniendo en riesgo mi salud mental, es Iberdrola. Y, cuando al borde de la desesperación, le digo al enviado de Iberdrola que las llamadas comerciales están prohibidas, el empleado de Iberdrola, o contratado por una empresa que trabaja para Iberdrola, me dice que no es una llamada comercial, porque me está ofreciendo información.
A mí, Clara Bravo, me gustaría tener el teléfono particular de Ignacio Sánchez Galán, presidente del Consejo de Administración de Iberdrola -que el año pasado ganó más de un millón de euros al mes, casi 14 millones de euros anuales- para llamarle e informarle de que mi salud mental empeora, gracias a esas empresas que ha contratado para que me llamen. Bueno, a mí, y a miles de personas, que, como yo, tampoco tienen el gusto de conocer, ni la suerte de ser amigos de don Ignacio Sánchez Galán, presidente de una empresa, que se salta la legislación vigente, y contribuye a perjudicar y dañar la salud mental de los españoles.
