Huelga de médicos

La huelga de médicos ha devuelto a la sanidad española a un escenario donde la reivindicación profesional convive con la manipulación política. En medio de este clima tenso, sorprende escuchar a algunos sindicatos extender sus discursos a especialidades y colectivos que ni siquiera forman parte del conflicto. Esa deriva no sólo desorienta, también siembra enfrentamientos entre profesionales que, en la práctica diaria, trabajan unidos en equipos multidisciplinares que respetan sus competencias sin fricciones. Oponer a médicos con enfermeras, técnicos o cualquier otra categoría es un profundo error. La división real no está en los hospitales ni en los centros de salud, sino entre los propios sindicatos y, a veces, incluso entre las personas que los integran.

Los médicos tienen razones sólidas para reclamar un marco propio que regule su participación en el sistema público. Su responsabilidad, su disponibilidad permanente, la complejidad técnica de su trabajo, la necesidad de actualización constante y la carga asistencial que soportan no encajan en un estatuto generalista que nunca fue diseñado para ellos. La profesión médica necesita un reconocimiento específico, no por privilegio, sino porque su función dentro del sistema es distinta y exige un tratamiento adecuado.

También necesitan una carrera profesional que cumpla la misión para la que fue creada, un instrumento pensado para reconocer el mérito, la dedicación y la aportación real al sistema. Hoy no lo hace porque ha quedado reducida a un trámite que sólo recompensa el tiempo trabajado, casi una réplica de los trienios, sin valorar la productividad, el compromiso ni el esfuerzo que sostienen de verdad la sanidad pública. Tampoco podemos pedir que se nos reconozca por lo que aportamos al sistema y, al mismo tiempo, sostener que dentro de la profesión todo debe ser igual cuando no todos contribuyen de la misma manera. No tiene sentido reclamar un trato específico hacia fuera y negar cualquier diferencia hacia dentro. Esa incoherencia es una de las raíces del malestar, una herida que no se cerrará con consignas ni con discursos inflamados, sino con reformas serias y con la voluntad real de escuchar a quienes de verdad sostienen el sistema cada día.

A todo esto, se suma la tentación constante de convertir la sanidad en un arma política, y aquí nadie está libre de culpa. La sanidad nos importa a todos y usarla contra el adversario resulta demasiado rentable. Cada vez que el malestar de los profesionales se emplea para golpear al gobierno de turno, el daño no lo sufre sólo un partido, lo sufre el propio sistema. La sanidad pública necesita estabilidad, acuerdos duraderos y una mirada de largo alcance. Cuando se la arrastra al terreno de la confrontación partidista, se debilita. Y cuando se debilita, se resiente la confianza de la ciudadanía, que es el pilar que sostiene todo.

En esta ocasión, además, se percibe una intención inquietante. Desde el propio Ministerio de Sanidad se alimenta la continuidad del conflicto, como si mantenerlo vivo sirviera para castigar políticamente a determinadas comunidades autónomas que discrepan de la línea marcada por la ministra. Esa estrategia no solo es irresponsable, también es profundamente injusta. Porque quienes pagarían el precio serían los ciudadanos de esas comunidades, no sus gobiernos. Utilizar una huelga médica para desgastar los sistemas sanitarios de territorios concretos es una forma de instrumentalización que traspasa cualquier límite razonable.

En noviembre de 2022, la ministra afirmaba que la Atención Primaria estaba al límite y que los médicos no podían seguir atendiendo a decenas de pacientes al día sin poner en riesgo la calidad asistencial. En febrero de 2026, ya desde el Gobierno, asegura que las cargas son asumibles y que la huelga responde a intereses ajenos a la realidad del sistema. No es la situación la que ha cambiado, sino el relato. Y cuando el relato se adapta al poder, la credibilidad desaparece. Esa metamorfosis, tan rápida como transparente, demuestra hasta qué punto la sanidad se utiliza sin reparar en el daño que se le causa. 

Mientras tanto, los médicos continúan sosteniendo un sistema que depende de ellos más de lo que se reconoce. Reclaman tiempo para atender a los pacientes, condiciones dignas y un marco que refleje la especificidad de su trabajo. No piden nada que no exista en otros países de nuestro entorno. La profesión médica ha disfrutado históricamente de un prestigio social muy elevado, sostenido por la confianza y por la percepción de que sus profesionales actúan movidos por la vocación, la excelencia y el servicio público y si el conflicto se contamina con exageraciones, si deriva en un pulso político o si se interpreta como una confrontación permanente, ese prestigio puede erosionarse. Y sería profundamente injusto que quienes sostienen el sistema terminen pagando el precio de una batalla que no han iniciado ellos.

La sanidad pública necesita reformas profundas, inversión sostenida y un marco laboral que reconozca la realidad del trabajo del médico. Pero también necesita que se la proteja de la manipulación política y de la demagogia sindical, que terminan matando a la verdad. Cuando la sanidad se utiliza como arma, siempre pierde la sanidad y cuando pierde la sanidad, pierde toda la sociedad.

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