
Por Fernando Prados, ex viceconsejero de Sanidad de Comunidad de Madrid
13 de mayo de 2026“La sanidad y la vivienda son derechos, no un negocio”, afirmó María Jesús Montero durante el debate andaluz, insistiendo además en que el Gobierno andaluz está “privatizando el sistema público y deteriorándolo”. Precisamente porque la sanidad es un derecho, debe garantizarse con todos los medios disponibles, sin menospreciar ni criminalizar ningún instrumento que permita atender mejor a los ciudadanos. Convertirla en un arma de confrontación política solo erosiona la confianza en el sistema y termina perjudicando indirectamente la salud de la población.
Cuando Montero habla de “privatización”, vuelve a refugiarse en un discurso ideológico construido sobre la simplificación y la demagogia. La gestión sanitaria es enormemente compleja y no puede reducirse a eslóganes diseñados para generar miedo. La izquierda lleva años instalada en el dogma de negar que la colaboración público-privada es imprescindible para sostener cualquier sistema sanitario moderno. Y resulta difícil no ver también una enorme frivolidad política en quien fue capaz de referirse a la muerte de guardias civiles como un “mero accidente laboral”, banalizando hechos gravísimos mientras pretende dar lecciones de sensibilidad social.
Resulta además especialmente hipócrita escuchar ahora al PSOE demonizar conciertos o concesiones, cuando históricamente, cada vez que ha gobernado, ha recurrido sin el menor reparo a fórmulas de colaboración con la sanidad privada. Lo que antes era gestión pragmática, ahora se convierte en un escándalo artificial porque están en la oposición.
Y todavía resulta más difícil aceptar ese relato catastrofista cuando durante los años de gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla se han mantenido estructuras heredadas de anteriores gobiernos socialistas e incluso personas colocadas políticamente por la propia María Jesús Montero. Mucha propaganda, mucha agitación y muy poco rigor.