Los españoles gastan casi 34.000 millones de euros en sanidad privada

33.868 millones de euros. Esto es lo que gastan los españoles en sanidad privada al año según el “I Informe ASPE: Análisis de la Sanidad Privada Española”. El estudio, presentado por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), muestra la contribución de este sector a la sostenibilidad del sistema sanitario en el momento más crítico en cuanto a demanda asistencial. 

De acuerdo con los datos del informe, de los casi 34.000 millones de euros, un 74% (24.794 millones) proceden de pagos directos de los hogares, un 24% de las empresas de seguros de salud (8.196 millones) y el 2% restante procede de otras instituciones y sociedades. 

En este sentido cabe destacar que los pagos directos de los hogares proceden principalmente de los gastos en farmacia (5.013 millones), en consultorios médicos (4.098 millones) y en consultorios odontológicos (3.820 millones). Por otro lado, los gastos derivados de los seguros de salud resultan principalmente de hospitales (3.675 millones) y consultorios médicos (1.894 millones). 

Ley de equidad y sanidad privada

Desde ASPE han querido demostrar el peso que tiene el sector privado en el correcto funcionamiento del sistema sanitario español, ante la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Equidad sanitaria presentada por el Gobierno y, también, ante las largas listas de espera. Así, según los datos del estudio, los hospitales privados representan el 56% del total de nuestro país, en concreto 432 frente a los 345 públicos. Además, la privada cuenta con 49.861 camas, un 31% del total. 

Las comunidades autónomas que cuentan con un mayor número de hospitales son Cataluña, Madrid y Andalucía, mientras que en el lado contrario se sitúan Castilla-La Mancha, Cantabria y La Rioja. “En un país con tres camas hospitalarias públicas por cada mil habitantes, la Ley de Equidad trata de anular la colaboración de un sector que aporta una infraestructura hospitalaria imprescindible”, apuntan desde ASPE.

Por otro lado, el sector empresarial hospitalario contribuye con el 36% del total de quirófanos disponibles en España, un total de 1.626. En este sentido destacan que, “de 2010 a 2020, el sector sanitario ha aumentado un 15% la disposición de quirófanos e incrementado, en 2016-2020, un 118% la eficiencia de números de intervenciones quirúrgicas”. 

En definitiva, según el informe, el peso del sector privado a aumentado en actividades como las cirugías, las estancias, las urgencias y las consultas, aunque con respecto a las altas y partos ha descendido. 

Comparativa de precios 

Desde ASPE también han destacado que la aportación del sector privado a la red pública es clave respecto a los precios con los que opera. “En base al análisis realizado en este informe, se concluye que los precios concertados son un 50% inferiores a los precios públicos, tomando como referencia una media nacional del conjunto de procedimientos analizados”, explican. 

De media, los precios de los procedimientos quirúrgicos son un 46% inferiores a los públicos, los de diagnóstico un 56% y los procedimientos especiales un 50%. 

Conciertos de la red pública con la privada

En 2020 el importe de la partida de conciertos alcanzó los 8.587 millones de euros, lo que supuso el 10% del gasto sanitario. Sin embargo, este porcentaje se ha ido reduciendo gradualmente desde 2014, cuando era del 11,7%. El destino de esta partida es principalmente para servicios hospitalarios (60%), servicios especializados (19%), traslado de enfermos (13%), servicios primarios de salud (6%) y prótesis y aparatos terapéuticos (2%). 

De los 432 hospitales privados de España, 271 cuentan con algún concierto con la sanidad pública. Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las comunidades que más dinero destinan a la partida de conciertos. “Somos parte del sistema Nacional de Salud, solo derivados de seguros atendemos a 12 millones de personas y uno de cada tres españoles reciben asistencia sanitaria en el ámbito privado, por lo que intentar convertirnos en algo excepcional no tiene sentido”, recalca Carlos Rus.  

En definitiva, “a la vista de los datos que exponemos en el informe, no se justifica la Ley de Equidad en tramitación: no está aumentando la partida de conciertos sobre el total del gasto sanitario y sin nuestra contribución hay un riesgo evidente de fallo sistémico de la sanidad pública ya que inducirán de forma irresponsable a una situación de agravamientos de la salud en de los usuarios ya que no existe un plan B con medidas alternativas”. 

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