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El paso definitivo es que esta ley sea aprobada próximamente en el Congreso de los Diputados

El Anteproyecto de Ley de Equidad Sanitaria enfrenta al Gobierno con la sanidad privada

La ley fija, salvo excepciones justificadas, que la sanidad sea de gestión pública, además de restringir los copagos y limitar las privatizaciones y los conciertos.

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El Anteproyecto de Ley de Equidad Sanitaria enfrenta al Gobierno con la sanidad privada

Por Gema Puerto

14 de junio de 2022

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Saluduna norma para “blindar” la sanidad pública, evitar copagos y extender la sanidad universal a nuevos colectivos, según ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en rueda de prensa.

Esta futura ley ha generado un nuevo punto de fricción con Unidas Podemos su socio de Gobierno. Mientras que el Ministerio de Sanidad considera que la norma blinda nuestro modelo sanitario, en la formación de Podemos temen que se abra la puerta a la privatización.

También distintas organizaciones como La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) y el Instituto para el Desarrollo de Integración de la Sanidad (IDIS), que reúnen a empresas sociosanitarias de titularidad privada en España, han expuesto sus quejas ante una ley que aseguran “pondría en peligro la colaboración público-privada”.

Lo que dice el Anteproyecto de Ley

1.Gestión Pública Directa
Como ha asegurado Darias, la nueva Ley de Equidad tiene como objetivo restringir al máximo la gestión privada para que sea “complementaria y de apoyo y no sustitutoria, como ocurre ahora”.

Se prioriza el modelo público. Ahora bien, se permiten excepciones. Las comunidades autónomas podrán concertar, siempre que lo justifiquen y documenten, que no tienen medios suficientes para la gestión pública directa. “En esos casos, cuando la gestión indirecta sea necesaria, será el consejo Interterritorial el que examine y valore la necesidad de esa gestión”, ha explicado Darias.

2.Eliminación de copagos y cierre a nuevos copagos
El anteproyecto amplía la excepción del copago ortoprotésico a los colectivos más vulnerables (al igual que ha hecho con los copagos farmacéuticos). Estos colectivos son personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital, pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y personas de rentas bajas por hijo a cargo. En total, unos 6 millones de personas.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha revelado que se pondrá en marcha un nuevo plan de salud bucodental en el que invertirán 44 millones de euros para los colectivos más desfavorecidos. La iniciativa, que ya fue anunciada por la ministra la pasada semana, beneficiará “de forma especial a más de 7 millones de personas”.

3.Universalidad
Se garantiza la universalidad del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria ampliándolo a otros colectivos como personas de origen español que viven en el exterior durante sus desplazamientos al territorio español y a sus familiares.
La ley también reconoce “la asistencia sanitaria a personas víctimas de trata y explotación social”.

Una ley polémica
El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por la mayoría de las empresas sanitarias de titularidad privada de España, al igual que la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), han expresado su preocupación ante la nueva norma.

La Fundación IDIS asegura que “existe un aumento desproporcionado de las listas de espera para diagnóstico y tratamientos, falta de cohesión entre CC.AA, desigualdades en el acceso a nuevas tecnologías o fármacos ya aprobados, etc". Por ello, considera que "las manifestaciones ante la aprobación de este anteproyecto no son acordes a la realidad de un Sistema Nacional de Salud roto y acechado por la rigidez, la falta de dotación y recursos y la inadecuación a la realidad”. Para IDIS, “los problemas reales que tiene el sistema sanitario público, de hecho, están llevando a los pacientes a recurrir a la sanidad privada en cualquiera de sus formas de aseguramiento y provisión para tener una atención sanitaria que, de otra forma, se está haciendo inaccesible.  Las autoridades políticas deberían escuchar a la población y atender sus demandas”. La encuesta de la Fundación IDIS sobre percepción del sistema sanitario presentada hace solo unos días señala que el 95,2% de los encuestados considera importante que el Gobierno incremente la financiación de la sanidad.

 

Por su parte, ASPE ha mostrado su inquietud ante una “ley para blindar la cohesión, la equidad y la universalidad del Sistema Nacional de Salud”, que establece la excepcionalidad de los recursos que facilita el sector de provisión sanitaria ante las necesidades del Sistema Nacional de Salud. De aprobarse esta iniciativa legislativa, “España se convertiría en el único país de la Unión Europea que excluye al sector empresarial sanitario de su sistema nacional de salud”.

 

A este respecto, cabe recordar asegura ASPE que "solo el 11,2% del gasto sanitario público se destina a la partida presupuestaria de conciertos. Por tanto, solo algo más de uno de cada 10 euros dedicados a sanidad pública en España se destinan a este concepto, mientras que el sector hospitalario privado lleva a cabo el 38% de las intervenciones quirúrgicas, el 30% de las urgencias y el 26% de las consultas que se realizan en el ámbito hospitalario. Además, en el ámbito de diagnóstico nacional, el 45% de las resonancias magnéticas, el 23% de los TACs y el 24% los PETs se realizan en la sanidad privada".


Como asegura Carlos Rus, presidente de ASPE, “lejos de ampliar los derechos de los ciudadanos, lo que hará esta futura ley es “limitar a las CC.AA su capacidad de gestión, eliminando una posibilidad de colaboración que supone un gran alivio en momentos de demanda puntual de algunas intervenciones quirúrgicas”.

 



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