Por Virginia Delgado
4 de mayo de 2026Este lunes comienzan las sesiones de asignación de plazas para el acceso a Formación Sanitaria Especializada para la titulación de Medicina.
Hasta el 27 de mayo, los 15.084 opositores que superaron el examen el pasado mes de enero elegirán la especialidad en la que quieren formarse. Pero no todos podrán acceder. Casi 6.000 se quedarán sin plaza, ya que en esta convocatoria el Ministerio de Sanidad ha ofertado 9.278. Una cifra que se queda pequeña teniendo en cuenta la escasez de profesionales que hay en la sanidad pública.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) la ha calificado de “insuficiente”. “Lo sigue siendo teniendo en cuenta la necesidad urgente de refuerzos del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, han manifestado desde el sindicato.
Aunque el Gobierno ha aumentado las plazas MIR desde 2018, CSIF considera que el “esfuerzo” no resuelve el problema. Además, ha señalado que en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria solo se han aumentado 30 plazas respecto al año pasado y que la nueva, Medicina de Urgencias y Emergencias, se ha estrenado con 82.
La entidad sindical ha denunciado que, entre agosto de 2025 y marzo de 2026, se perdieron 34.500 empleos netos. “Los profesionales están desbordados de trabajo, hay demora en las citas, aumento en listas de espera e incremento de la carga burocrática”, han subrayado. Por otro lado, han recordado que un 28% de los médicos de Atención Primaria tiene edades comprendidas entre 60 y 65 años.
“En las últimas décadas ha habido una pésima planificación por parte de las autoridades sanitarias, que ha provocado un enorme déficit de profesionales, sobre todo en algunas especialidades. Esta situación provoca que los profesionales en formación se enfrenten a situaciones clínicas no supervisadas y a jornadas maratonianas con número muy elevado de guardias en periodos estivales”, han añadido desde el CSIF. También, ha recordado la marcha de profesionales a otros países, a otras comunidades autónomas o a la medicina privada debido a las condiciones laborales y retributivas de la sanidad pública.
Por ello, ha exigido al Gobierno una "verdadera" política de demografía sanitaria, la habilitación inmediata de más acreditaciones de unidades docentes para Medicina Familiar y Comunitaria, un reconocimiento retributivo de la tutorización de residentes en todas las comunidades autónomas, así como establecer mecanismos para desarrollar la especialidad de Enfermería Médico-Quirúrgica.
En paralelo, ha reclamado la compensación económica o en tiempo por horas extra realizadas y vincular la jornada laboral a los objetivos formativos para evitar que los residentes cubran carencias de plantilla.
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