
Por Medicina Responsable
26 de febrero de 20263,1 millones de pastillas, 104.000 paquetes de mercancías ilícitas, 23.014 ampollas y frascos, 1.000 kilogramos de medicamentos, sustancias dopantes y otros productos no autorizados. La Oficina Antifraude Europea (OLAF, por sus siglas en inglés), en un dispositivo especial contra el comercio de artículos sanitarios ilegales, ha requisado un cargamento millonario de productos falsificados destinados al consumo de los pacientes. De esta manera, ha evitado el tráfico de sustancias como esteroides anabólicos, sustancias dopantes y complementos alimenticios no regulados a través de la operación SHIELD VI, en la que han participado las autoridades aduaneras de 14 Estados mienbro de la Unión Europea.
Bajo la coordinación de la OLAF, países como España, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y Eslovenia, así como la Guardia di Finanza italiana y la Europol, han trabajado conjuntamente por salvaguardar "la integridad de la cadena de suministro legal", como ha explicado la propia Oficina en un comunicado. "La estrecha colaboración con los titulares de derechos garantizó la identificación e interceptación precisas de las mercancías falsificadas antes de que llegaran a los consumidores", ha destacado OLAF en su escrito, reivindicando que la coordinación entre los países miembro ha permitido dar "un paso significativo" en la protección de la salud pública y en la confianza de los consumidores en los medicamentos regulados.
El director general de OLAF, Petr Klement, ha avisado de que el comercio de medicamentos ilegales representa "una amenaza persistente y en constante evolución", no solo para la salud pública. "Mediante la unión de esfuerzos, la OLAF, Europol y las autoridades aduaneras nacionales han protegido a los consumidores europeos de productos sanitarios peligrosos", ha detallado Klement en declaraciones recogidas en el comunicado.
La OLAF tiene como misión detectar, investigar y frenar irregularidades que afecten a los fondos de la UE mediante investigaciones independientes sobre fraude y corrupción. Su objetivo es garantizar el buen uso del dinero de los contribuyentes y reforzar la confianza en las instituciones europeas. Puede actuar sobre todos los ámbitos de gasto comunitario, incluidos los fondos estructurales, la política agrícola y la ayuda exterior, así como sobre determinados ingresos, en particular los derechos de aduana.