Médicos sin derecho a la privacidad

A quienes trabajamos en los medios comunicación, jamás nos han exigido aspectos que estuvieran relacionados con nuestra conciencia o privacidad. Nunca nos han exigido que confesáramos si estábamos en contra de la pena de muerte, o a favor del aborto, o si éramos objetores de conciencia. Algo que es absolutamente normal en cualquier profesión: jueces, ingenieros, biólogos, notarios, informáticos, meteorólogos, etcétera. Y es normal, porque es normal cumplir la Constitución, que en su artículo 53 ordena: “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Estamos a punto de que, desde el Ministerio de Sanidad, se anule este artículo de la Constitución, con la obligatoriedad de que los médicos, que no deseen participar en abortos -de acuerdo con el juramento hipocrático o sus creencias- deban inscribirse en una lista. Una lista nada secreta, porque precisamente se quiere obligar a ello con objeto de que los directivos y gerentes de clínicas y hospitales programen los abortos, de acuerdo con la disponibilidad de los profesionales.

Eso significa que los médicos, además de obligarles a exponer aspectos íntimos de su coincidencia, están a un paso de sufrir la pérdida de otro derecho constitucional, recogido en el artículo 14, y ser discriminados por razón de… “religón, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social”.

Imagínense a un médico, con contrato temporal, que no quiere participar en abortos, en un centro donde los dirigentes y los políticos observan con escasa simpatía a quienes no quieren practicar abortos. ¿Qué hará? A los médicos españoles les pegan, tienen nóminas peores que en cualquier otro país de la Unión Europea, pero parece que tampoco van a tener los derechos constitucionales que tienen el resto de los ciudadanos.

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