Tomás Merina recurre la anulación de su proclamación como presidente del Icomem

Tomás Merina ha recurrido por vía judicial la anulación de su proclamación como presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem), acordada por la Comisión de Recursos. Además, ha solicitado como medida cautelarísima que se le permita tomar posesión del cargo tras su victoria en las elecciones de diciembre.

En su recurso, presentado ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, se solicita la suspensión de la resolución de la Comisión de Recursos, que argumenta que Merina no cumple los requisitos de elegibilidad. El recurso defiende la postura de la Junta Electoral, que sí validó y proclamó su candidatura.

Asimismo, se han pedido medidas cautelarísimas para que la Junta Electoral del Icomem continúe con el proceso de toma de posesión, respaldando la victoria de Merina en las elecciones, donde su candidatura, Icomem para todos, obtuvo el 46,9% de los votos. La ceremonia de toma de posesión de la nueva Junta Directiva estaba prevista para el miércoles 22 de enero.

En concreto, el recurso solicita al juzgado que admita la demanda, reclame el expediente administrativo completo y adopte medidas cautelares para suspender los efectos de la resolución impugnada. Además, se pide el mantenimiento cautelar en el cargo de los miembros de la Junta Directiva, al considerar que la decisión es contraria a derecho y afecta los "intereses legítimos" de Merina y su candidatura.

El recurso también denuncia la vulneración del derecho a la igualdad, al honor y a la intimidad de Tomás Merina. Argumenta que la resolución se basa en "requisitos de elegibilidad no previstos en los Estatutos ni en las instrucciones de la Junta Electoral".

Por su parte, la Comisión de Recursos del Icomem alega que Merina no cumple los requisitos de antigüedad y ejercicio de la profesión médica establecidos en el artículo 13 de los Estatutos del Colegio. Sin embargo, desde la candidatura Icomem para todos han subrayado que esta acusación es "completamente falsa" y han aportado al juzgado "documentos probatorios del cumplimiento de los requisitos". Entre ellos se incluye la resolución de la Junta Electoral que avala la candidatura, un documento que acredita a Merina como mutualista desde el 1 de febrero de 2023 y un certificado del vicesecretario del Icomem que confirma su inscripción como colegiado.

El certificado especifica: "Figura inscrito como colegiado en este Organismo desde el 12 de noviembre de 1979 hasta el 23 de julio de 2009 en que causa baja por cese de ejercicio, reincorporado el 8 de marzo de 2018, continuando en esta situación en el día de la fecha, encontrándose al corriente de pago de las cuotas del Colegio".

El equipo de Tomás Merina también ha comunicado a la Junta Electoral, a la Comisión de Recursos y a la Junta Directiva en funciones que "se abstengan de ejecutar cualquier acción hasta que la justicia se pronuncie", siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En las elecciones, la candidatura de Merina obtuvo 4.475 votos (46,9%), superando a las de la doctora Esther Rubio (27,07%, con 2.580 votos) y el doctor Manuel Martínez-Sellés (25,11%, con 2.393 votos).

Apoyo del sindicato médico

El sindicato Amyts, mayoritario entre médicos y titulados superiores de Madrid, ha expresado su "máximo apoyo" a la candidatura de Tomás Merina, calificando la situación como un "escándalo sin precedentes" y un "atropello democrático".

Según el sindicato, el presidente saliente ha empleado "maniobras" para "silenciar el voto médico" a través de una Comisión de Recursos que, en su opinión, "se está extralimitando en sus funciones para anular lo decidido por la Junta Electoral y los médicos en las urnas".

Amyts también ha reprochado que Martínez-Sellés utilice "los recursos mediáticos del Colegio de Médicos para comunicar decisiones electorales". Según el sindicato, "ha sido él mismo quien anunció y difundió un nuevo proceso electoral antes que a los colegiados, algo que no es de su competencia".

Por último, el sindicato ha exigido que "se respeten los principios democráticos que han sido vulnerados en una institución que debería ser ejemplar".

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