Por Andrea Martín
23 de febrero de 2024Según las estimaciones elaboradas por Proyecto Venturi para el Círculo de la Sanidad, a partir de los datos oficiales de listas de espera que publica semestralmente el Ministerio de Sanidad, el sistema público ha dejado de realizar más de nueve millones de consultas y cerca de 1,75 millones de intervenciones quirúrgicas desde el impacto de la pandemia hasta finales de 2022.
En junio de 2023, unos 819.964 pacientes esperaban una intervención quirúrgica no urgente, 115.000 más que antes de la pandemia, aunque con un tiempo de espera ligeramente inferior (con una media de 112 días, tres días menos que en junio de 2019). En esa fecha entraban además en la lista de espera quirúrgica 1,5 millones de personas (cifra récord del periodo estudiado) y salían de ella 1,25 millones, dejando un diferencial de 250.000 pacientes sin contabilizar solo en ese periodo.
Por otra parte, la actividad de las consultas sucesivas cada vez ocupa más recursos y capacidad asistencial, en detrimento de las primeras consultas, frenando diagnósticos y prescripción de cirugías. En 2022 se realizaron 62,50 millones de consultas sucesivas, en progresivo aumento desde que se tienen registros, frente a 24,64 millones de primeras consultas, todavía por debajo de los 26 millones que se realizaban en 2019, antes de la pandemia.
A esta circunstancia, se le añade el incremento del censo de población general, el afloramiento de cerca de un millón de tarjetas sanitarias desde 2020, el progresivo envejecimiento de la población y un volumen de más de 20 millones de pacientes crónicos, que someten cada vez más presión en todos los procesos asistenciales.
Preocupación del Círculo de la Sanidad
A la vista de estos datos, el Círculo de la Sanidad ha expresado su preocupación por las listas de espera, “que no dejarán de aumentar, mientras la población siga creciendo y los sistemas sanitarios continúen copando los recursos asistenciales ambulatorios con consultas sucesivas. Estos datos demuestran además la incapacidad del sistema público para reducir por sí solo las listas de espera hasta niveles razonables, que satisfagan con solvencia las necesidades asistenciales de la población”.
Desde la entidad apuestan por un pacto nacional de colaboración público-privada, “que permita a entidades y comunidades autónomas abordar una solución conjunta para las listas de espera, con todos los medios disponibles”.
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