¿Puede el Estado obligar a hacer una cuarentena? Claves legales tras el caso del crucero con hantavirus

La decisión del Gobierno de trasladar a los españoles del crucero afectado por hantavirus al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, para guardar cuarentena, y la posterior aclaración por parte de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de que este aislamiento será “voluntario”, ha puesto sobre la mesa una cuestión de fondo: ¿hasta qué punto puede el Estado imponer una cuarentena por motivos de salud pública?

La respuesta, desde el punto de vista jurídico, se encuentra en el marco jurídico de nuestro país: “Las medidas limitadoras por motivos de salud pública deben adoptarse inicialmente de manera voluntaria; así lo establece la Ley General de Salud Pública”, explica el catedrático de Derecho Constitucional y vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Federico de Montalvo. Esto implica que, en primer lugar, las autoridades sanitarias deben informar a los afectados de la situación, del riesgo existente y de la necesidad de la medida. “Lo correcto es explicar qué ocurre, cuál es el riesgo para la población y la necesidad —no la conveniencia— de la cuarentena”, señala.

En este contexto se enmarca el consentimiento informado al que se ha referido la ministra Robles: se ofrece la medida y se busca la colaboración del paciente.

¿Qué ocurre si alguien se niega?

Esta voluntariedad a la que ha hecho referencia la titular de Defensa ha generado cierta inquietud entre la población, ante la posibilidad de que alguno de los afectados rechace la cuarentena. En este sentido, la clave está, según De Montalvo, en que “una cosa es que se ofrezca voluntariamente y otra distinta que se pueda rechazar”.

De acuerdo con el catedrático, si una persona se niega a cumplir la cuarentena, entra en juego la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986, que permite adoptar medidas obligatorias para proteger la salud colectiva. “Si la cuarentena es necesaria y adecuada para garantizar la salud de terceros, se puede limitar la libertad de circulación”, explica el jurista. Eso sí, añade, “siempre con autorización judicial”.

¿Quién y cómo se decide la privación de libertad?

La decisión final, según De Montalvo, recae en un juez de lo contencioso-administrativo, que debe validar la medida. Para ello, la Administración tiene que justificarla con criterios técnicos. “No basta con decir que hay un virus. Hay que explicar por qué esa medida es adecuada y por qué es necesaria, es decir, que no existe otra menos restrictiva que cumpla el mismo fin”, señala.

En la práctica, este tipo de autorizaciones se tramitan con rapidez, especialmente cuando existe un riesgo para terceros. “No es un caso complicado, es un caso muy habitual”, apunta.

Además, en situaciones de urgencia, las autoridades pueden adoptar la medida de forma cautelar mientras se solicita la ratificación judicial.

¿Es una medida excepcional?

Aunque el contexto pueda recordar a la pandemia, este tipo de decisiones forman parte del funcionamiento ordinario del sistema sanitario, según explica De Montalvo: “Estamos ante supuestos de ingreso involuntario previstos en nuestro ordenamiento cuando existe riesgo de transmisión”.

De hecho, existen precedentes en España, como casos de tuberculosis en los que se ha obligado a un paciente a cumplir aislamiento para evitar contagios, o ingresos involuntarios en el ámbito de la salud mental.

Para el jurista, el debate generado responde más a un problema de comunicación que a una incoherencia legal. La clave está en entender el proceso completo: primero se plantea la medida de forma voluntaria, pero, si se rechaza y existe un riesgo para la salud pública, puede convertirse en obligatoria con respaldo judicial. “Se ha contado la primera parte de la película, pero no el final”, concluye.

 

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