El Consejo Interterritorial aprueba un nuevo protocolo frente a la violencia sexual

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el primero presidido por la ministra de Sanidad Mónica García, ha aprobado un protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia sexual. El principal objetivo es “asegurar la adecuada asistencia y recuperación de las víctimas de violencia sexual”, ha destacado García. El protocolo ha sido diseñado en colaboración con diferentes profesionales del conjunto de las comunidades autónomas y un grupo de expertas del equipo de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. A pesar de esta cooperación, el secretario de estado de Sanidad, Javier Padilla, ha recalcado que se trata de un protocolo centrado en la violencia sexual desde el punto de vista asistencial y no en la violencia machista.

Este protocolo se concibe para homogeneizar los criterios comunes de actuación profesional para el conjunto del Sistema Nacional de Salud “respecto a la detección, valoración e intervención en casos de violencia sexual en mujeres adultas, niñas, niños y adolescentes”, incluyendo los hijos de mujeres que han sufrido esta violencia en el ámbito de la pareja, señalan desde el Ministerio de Sanidad. Estas pautas buscan ofrecer una atención sanitaria integral a los niveles tanto físico como psicológico y social de forma “ágil respetuosa y eficaz”, poniendo un especial interés en las personas con contextos de mayor vulnerabilidad.

A través de estas pautas, desde el ministerio buscan dar una asistencia efectiva a las personas que han sufrido violencia sexual, apostando por la coordinación entre los distintos profesionales involucrados y una actualización de la formación a este respecto. En este sentido, resaltan la importancia de concienciar al grueso del personal del Sistema Nacional de Salud, haciendo hincapié en los ámbitos de atención primaria y hospitalaria, además de los servicios especializados de ginecología, obstetricia, pediatría y salud mental. También destacan la importancia de garantizar la coordinación entre los profesionales de la medicina forense, con el fin de “procurar un espacio de intimidad y confidencialidad” para las víctimas, poniendo especial atención en la cadena de custodia de las muestras, de forma que su recogida se haga en un “acto único” que incluya el parte de lesiones el registro en la historia clínica y el seguimiento de derivaciones y consultas. Por otro lado, instan a actualizar el conocimiento existente sobre la materia, basándose en las evidencias científicas más recientes y teniendo una especial consideración por las personas en contextos sociales de mayor vulnerabilidad, así como contribuir a mejorar la investigación sanitaria.

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